Cuba: tolerancia cero y prevención en el ejercicio de la justicia

Los tribunales cubanos aplicaron sanciones severas a los implicados en los delitos más dañinos a la sociedad y aplicaron la política de prevención en el ejercicio de la justicia, aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de la Isla

En el décimo período ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el funcionario rindió cuenta ante los diputados y aseveró que el país cuenta con un sistema judicial de profunda raíz popular.
Dijo que los tribunales han actuado con la necesaria severidad y rigor con los responsables de las conductas delictivas más dañinas y peligrosas para la seguridad nacional, la estabilidad económica, política y social del país y la tranquilidad ciudadana, pronunciándose en cada ocasión con racionalidad y la individualización que cada caso requiere.
Remigio Ferro significó que bajo la política de prevención trazada por el Estado, en los últimos cinco años, al 42,7 por ciento de los sancionadas se les impuso prisión, mientras que al 27,6 por ciento la privación de libertad se le sustituyó por otras medidas que no implicaron encarcelamiento.
Destacó que quedaron sujetos a limitaciones y restricciones bajo la vigilancia institucional y comunitaria más del 29 por ciento.
Subrayó el Presidente del TSP que se juzga con severidad y tolerancia cero a los responsables de los delitos más graves, asociados a la corrupción administrativa, tráfico de drogas, robo con violencia en las cosas o viviendas, delitos contra la vida, proxenetismo y abusos sexuales.
En la actualidad 927 jueces profesionales ejercen justicia en el país, aunque se conoció que faltan 215 plazas por cubrir.
La Asamblea Nacional conoció que ocho de cada 10 jueces profesionales son mujeres, cuestión que al decir de Remigio Ferro es una fortaleza para la judicatura del país, por el elevado nivel de dedicación, entrega y responsabilidad que demuestran las féminas en su desempeño.
Como relevante fue calificado que en la administración de justicia participen conjuntamente 15 mil 221 jueces legos, quienes aportan criterios sobre la base de la sabiduría popular y las vivencias personales, y propician una perspectiva más abarcadora.
Es una forma de participación ciudadana directa en el ejercicio de tan trascendente función del Estado y que hace más transparente y democrático el sistema judicial cubano, añadió el Presidente del TSP.
Recordó el funcionario público que entre los males que padecía la nación antes del triunfo de la Revolución en 1959 estaban las entidades judiciales ineptas, corruptas y serviles, al servicio de la política de la época.
En la actualidad tenemos profesionales que se corresponden con los valores y principios de justicia del pueblo cubano, resaltó.
Aseguró el Presidente que se han producido progresos en todos los indicadores del trabajo del TSP y dijo que desde 2012 se resolvieron 924 mil 685 casos, el 97.4 por ciento de los recibidos, lo que puede considerarse un resultado satisfactorio.
El tiempo de tramitación de los asuntos en los tribunales no sobrepasa, como regla, de tres a seis meses, lo que constituye un indicador aceptable y evidencia de cómo en la mayor parte de los casos, esos órganos cumplen con los términos y plazos previstos en las disposiciones legales, agregó.
En esta jornada también fue expuesto el informe sobre el trabajo realizado en el último quinquenio por la Fiscalía General de la República (FGR).
El máximo representante de ese órgano, Darío Delgado, destacó que en el empeño de mantener a la Fiscalía en capacidad de afrontar con eficacia y eficiencia sus funciones, y acompañar el desarrollo de la actualización del modelo económico, fue necesario asumir y adecuar conceptos y métodos de trabajo.
La creación de estructuras independientes para la especialización de los fiscales figuró entre las principales transformaciones, en pos de fortalecer la atención a los ciudadanos y protección a la familia, en particular a segmentos vulnerables de la población.
Se priorizó el completamiento de la plantilla de cargos, su estabilidad y permanencia, siendo favorable la correlación entre ingresos y egresos.
Delgado puntualizó que del total de los fiscales el 80 por ciento son mujeres, quienes también representan el 75 por ciento de los que ocupan cargos de dirección, en tanto la juventud completa más de la mitad de la fuerza laboral.
Destacó que las relaciones internacionales en ese período se diversificaron, con el incremento de acuerdos y convenios firmados con fiscalías de 15 países de todos los continentes.