Los ministros de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, y de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, realizaron la presentación de las proyecciones en su ámbito de competencia, tras evaluar el desempeño económico en 2017, lo que dio paso a un amplio debate.
Como contraparte, la Asamblea consideró el dictamen de las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y Constitucionales y Jurídicos, cuyo contenido sintetiza la visión de los diputados.
De acuerdo con el texto, el presupuesto del Estado para el próximo año se ejecutará en una compleja coyuntura económica, agravada por la agudización del bloqueo de Estados Unidos.
Reconocieron que la proyección respalda las demandas financieras para sustentar los servicios sociales de la población y la esfera productiva; así como los recursos a fin de enfrentar los daños ocasionados por el huracán Irma y otros eventos climáticos.
Los ingresos presupuestarios que se prevén ‘responden razonablemente a los niveles de actividad proyectados en el Plan de la economía, toman en cuenta las reservas existentes tanto en el sector empresarial como en las formas de gestión no estatal’, señaló el dictamen de los diputados.
Según distinguieron, las recaudaciones provenientes del sector empresarial volverán a ser la fuente fundamental de los ingresos tributarios a las arcas públicas.
Reconocieron también el mejoramiento de la administración tributaria y de las acciones para detectar conductas evasoras, indisciplinas en los pagos y subdeclaraciones de ingresos que ‘se manifiestan con mayor incidencia en los municipios cabeceras provinciales y polos turísticos’.
El Presupuesto para 2018 prevé ingresos netos por 56 mil 900 millones de pesos (un peso es igual a un dólar al cambio oficial), lo que representará un crecimiento de 4,2 por ciento frente al estimado de 2017.
A juicio de los legisladores, el financiamiento servirá para preservar conquistas en materia de servicios a la población, fundamentalmente en salud, educación y asistencia social.
Para lograr las potencialidades de eficiencia que contienen el Plan y el Presupuesto, sopesó el análisis, es imprescindible evitar pagos sin respaldos productivos en el sector estatal y pagos excesivos a las formas de gestión no estatal y sostener una adecuada relación con la disponibilidad de bienes y servicios destinados al consumo.
También exigió una mayor eficiencia en la gestión de los inventarios a fin de evitar la inmovilización de recursos, y una planificación y ejecución objetivas de las utilidades.
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