La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes último un nuevo acuerdo con el que buscan “la ruta electoral con diálogos y conversaciones entre adversarios”, y en el que no se habla de “cese de la usurpación”, lo que ha provocado el rechazo de la más extrema derecha del país.
El acuerdo podría interpretarse como “el fin del Ensayo Guaidó” y le da paso al proceso de diálogo que desde la Revolución ya se está realizando con otros sectores de derecha moderada.
El documento se denomina “Acuerdo para corroborar la ruta política integral plantada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y restitucionalización del país”, y su aprobación tuvo un fuerte rechazo en los grupos extremistas de la derecha venezolana, encabezada por allegados a María Corina Machado y su partido Vente.
“¿La Asamblea Nacional tiró a la basura el Estatuto para la Transición a la democracia? ¿Será un error de quien preparó la agenda o se burlan de los ciudadanos que nos tomamos en serio el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres?”, escribía en su cuenta de twitter la abogada Cecilia Sosa Gómez (expresidenta de la Corte Suprema de Justicia), quien cuestionaba el accionar de los parlamentarios de derecha.
Y es que para ella y muchos otros detractores del Gobierno Bolivariano, este podría ser el final “elegante” que tendría el supuesto “Gobierno” del autoproclamado Juan Guiadó y la incorporación al juego democrático, a través de la mesa de diálogo, propuesta por el presidente constitucional, Nicolás Maduro.
“Reconocer el llamado de toda la comunidad internacional a buscar soluciones en el marco del proceso facilitado por el Reino de Noruega”, dice el sexto punto del acuerdo, donde también hablan de realizar “elecciones presidenciales libres”, aunque constitucionalmente los próximos comicios corresponden a la Asamblea Nacional.
En estos comicios, dice el escrito, podrán participar todos los “sectores representativos del país”, lo cual deja ver que ha cambiado la postura en cuanto a que no se reconoce al chavismo como fuerza política, a la que, además, querían sacar del juego político.
“Deberíamos hablar fluidamente con ustedes, el PSUV, porque representan un sector del país”, decía el representante de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien afirmó que del lado de la oposición “hay quienes no les conviene que se resuelva el conflicto” y por eso les reclaman cuando se habla de explorar “la ruta electoral con diálogos y conversaciones entre adversarios”.
Otro de los puntos relevantes del acuerdo es sobre la posición de la derecha venezolana en cuanto al Esequibo, en el que los partidos de derecha que conforman el Parlamento por fin asumen una posición “de defensa firme y única en torno a la zona en reclamación del Esequibo, y la inquebrantabilidad de la soberanía del territorio”, tal y como dice el punto cinco del documento.
Esto contrasta con la postura que fue develada días atrás a través de un audio donde la seudoembajadora de Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neuman, mencionaba que este grupo político no debería pelear por la defensa de la soberanía de este territorio con Guyana, por órdenes del Gobierno Británico.
De esta manera se puede observar cómo los Partidos Primero Justicia, Acción Democrática y hasta el propio Voluntad Popular están dando un giro en cuanto a su postura más recalcitrante, quizás moviendo las fichas para saber quién se quedará con la presidencia de la Asamblea Nacional para el último periodo de sesiones de este actual parlamento, antes que sean electos por el voto popular los nuevos representantes del Poder Legislativo.
También es un golpe bastante grande al supuesto liderazgo de Juan Guaidó, quien ha sido fuertemente financiado por la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump para erigirse como “la figura de la transición política” en Venezuela.
Esta postura de los partidos políticos se suma, además, a la que un sector de la burguesía comercial expresó en una reunión realizada el pasado 26 de septiembre en la Universidad Metropolitana, donde nuevamente el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, podría ser el nuevo representante antagónico a las fuerzas revolucionarias.
Se presentó como la cabeza de una élite que reconoce el fracaso del ensayo Guaidó y que ahora intenta hacer “control de daños” tras los excesos cometidos por los grupos de extrema derecha durante el 2018.
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