La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reconoció en un comunicado al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva como preso político y se suma hoy a la campaña internacional por su liberación inmediata.
Organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la AAJ denunció el pasado año la persecución contra el exdirigente obrero durante la Asamblea General de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esta es la primera vez, sin embargo, en que cataloga oficialmente a Lula como preso político.
La comunicación destaca que Lula dejó su gobierno (2003-2011) con más del 80 por ciento de popularidad y en 2018 no solo fue impedido de concurrir a la presidencia, sino también prohibido de dar entrevistas o manifestarse públicamente.
El documento crítica también la violación del precepto constitucional de la presunción de inocencia hasta el juicio final del proceso.
Para la asociación, está demostrado que la prisión tuvo motivación política, sin relación con el delito por el que fue acusado y cuya pena pretende ‘alejar la figura pública de Lula da Silva del proceso político nacional’.
‘Esta condena fue determinada como consecuencia de una acusación producida en violación del debido proceso legal, con perjuicio al derecho de defensa, sin pruebas, y en un proceso dirigido por el juez Sérgio Moro’, apunta la nota.
Refiere que ‘Moro es el actual ministro de Justicia y fue nombrado tan pronto como el nuevo gobierno entreguista y ultraderechista de Jair Bolsonaro tomó posesión, beneficiado en las elecciones por el alejamiento de Lula da Silva como candidato presidencial, que tenía amplia preferencia en las encuestas electorales’.
En agosto de 2018, agrega el texto, ‘el Tribunal Superior Electoral invalidó su candidatura y le prohibió manifestarse políticamente de la prisión, así como prohibió a su partido usar su popular imagen en la campaña electoral’.
La AAJ reitera que el expresidente brasileño es un preso político y que la asociación participa en la campaña ‘LulaPresoPolítico’ para que alcance repercusión internacional amplia.
Exhortamos a las organizaciones de juristas en el mundo a participar en esta campaña y a pronunciarse en el mismo sentido, concluye la declaración.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por presuntos hechos de corrupción.
Recientemente, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) redujo esta condena a ocho años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.
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