Néstor Borroto González, director provincial de la Vivienda, dio a conocer en la Revista Especial de Centrovisión en la tarde del martes, que sin dejar de cumplir las medidas de protección contra la Covid-19, los constructores continúan enfrascados en el programa de construcción de inmuebles familiares en sus tres modalidades: estatalmente, con esfuerzo propio y células básicas, empeño que al cierre de abril se comportaba al 33 por ciento del plan anual.
Al mismo tiempo –dijo- los técnicos y funcionarios del sistema de la Vivienda en la provincia, le dan continuidad de oficio a los expedientes abiertos con trámites que no requieran la presencia de éstos en los hogares ni de los tramitadores en las oficinas, paralizados desde el mes de marzo por la pandemia del virus del SARS-CoV-2, lo que ha permitido tener resueltos unos 3 000 casos hasta la fecha en tanto se mantienen en proceso algo más de 1 800, aunque aclaró que la falta de algunos insumos como cemento, por roturas puntuales de la Fábrica, y de acero, limitan un mayor avance de las obras.
A la interrogante formulada por el periodista Javier Alejandro Brito, conductor del programa, Borroto agregó que se prioriza la construcción de viviendas destinadas a la solución de las afectaciones totales de los huracanes Irma y Alberto, que quedan pendientes en número superior a las 700, así como los subsidios otorgados a familias con baja solvencia económica y madres solteras con varios hijos.
Por su parte, Marinely Jiménez González, directora provincial de Planificación Física, refirió que esa institución mantiene 34 trabajadores activos a los que se agregan otros 260 que trabajan a distancia desde sus domicilios, quienes tienen a su cargo la tramitación de quejas de la población y avanzan en el catastro urbano, y con mayor prioridad en el catastro rural, este último vinculado a las entregas de tierras en usufructo para la producción de alimentos. De un total de 14 515 trámites en proceso se han concluido 10 818, enfatizó.
Sobre el proceso de legalización de inmuebles familiares construidos sin la documentación técnica requerida en años anteriores, a tenor del Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros, acotó que se le da curso a aquellos que no entran en contradicción con las normativas del uso del suelo y sentenció que las nuevas construcciones ilegales promovidas con posterioridad a ese corte legal, no serán legalizadas, adoptándose las medidas establecidas para estos casos.
Tanto Borroto como Yaikel Miguel Méndez Orellana, este último director de Planificación Física en el municipio de Sancti Spíritus, informaron finalmente que de las 242 afectaciones registradas en la provincia en viviendas, sobre todo en sus cubiertas, por recientes tormentas locales severas, el 80 por ciento se localizan en el territorio cabecera provincial y el grueso de ellas en la comunidad de la CPA Patria o Muerte, en el Entronque de Guasimal, hacia donde se trasladan los técnicos de ambos organismos para realizar in situ los trámites legales correspondientes y darle facilidades a las familias para la restauración de sus casas.
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