—Chofe, ¿va para Trinidad?
—Monta que falta uno.
—¿Cuánto le debo?
—80, mami, si los tienes; si no…
Y la lata abofada en la que montan seis personas, aunque verdaderamente quepan —a veces apretadísimos— cinco, chirrea gomas rumbo al sur. En otro sentido, pero también en las afueras de la Terminal Intermunicipal de Sancti Spíritus el camión engulle y engulle gente como si fuese más un acordeón que un medio de transporte. Hay un precio fijo “inviolable” para ese destino y todos los tramos. Lo recalca el conductor mientras la mano se le ahoga en la cartera:
—Son 10 pesos hasta Jatibonico, señora.
—¿También hasta Managuaco?
—Este carro va para Jatibonico y eso es lo que se cobra.
Muchos metros más allá, la misma letanía se escucha a distancia. Máquina a Zaza, Zaza. Lo que no se pregona en el altoparlante y se repite invariablemente como la voz rasgada que lo anuncia son los 15 pesos que cobran todos los días, pese a que lo establecido sea 10.
Es una ruta transitada: los precios en el transporte —como en otros sectores— se topan y se adulteran. Cuando en agosto pasado el Consejo de la Administración Provincial (CAP) desempolvaba su Acuerdo No. 331 del 2016 y lo añadía a la Resolución No. 64, que puso tope a los precios de varios renglones del sector no estatal, intentaba frenar los costos de los pasajes que subían y subían a toda velocidad. Escambray se monta hasta en bicitaxis y se baja en no pocas paradas sin ceder el asiento.
¿STOP AL SOBREPRECIO?
Antes, tres años antes, los precios del transporte también empezaron a viajar a velocidades supersónicas: que si ir a Trinidad en máquina podía costar casi 200 pesos; que si los coches comenzaron a cobrar 2 pesos sin más; que si los camiones a Santa Clara se duplicaron a 20 pesos; que si casi todos los medios de transporte subieron los pasajes porque sí.
Entonces en esa autopista en espiral se puso una señal de stop: el Acuerdo No. 331 del 2016 del CAP que establece precios por rutas y hasta por tramos para todos los medios de transporte privados que circulan en la provincia. En tal normativa se dicta: “No permitir el incremento de las tarifas por concepto de transportación de pasajeros que aplican los trabajadores por cuenta propia con licencia operativa para ejercer dicha actividad”.
Y ponía como normas desde tal fecha y hasta hoy, cuando existen más de 3 300 trabajadores por cuenta propia en el sector, otras indicaciones: hacérselo saber a cada uno de los transportistas, colocar las tarifas en lugares visibles en cada terminal, retirar la licencia operativa a quienes dejen de laborar injustificadamente durante 72 horas…
Muchos tiraron después sus propios cambios: máquinas de Sancti Spíritus a Cabaiguán a 15 pesos; camiones en igual tramo a 10; almendrones de Cabaiguán para Fomento a 25 pesos; bicitaxis desde el Hospital y hasta Olivos I, 20 pesos… En muchas oportunidades también se les puso el retroceso.
A casi cuatro meses de entrar en vigor la Resolución No. 64 del CAP aún sucede. Cuando Escambray cedía el volante a la Dirección Provincial de Transporte (DPT), José Lorenzo García, al frente de ella, admitía: “En línea general la mayoría hacen lo que está establecido en el Acuerdo del CAP y hay una minoría que nosotros hemos detectado que han alterado los precios. Nuestros cuerpos de inspección, tanto de la unidad estatal de tráfico como los inspectores de la Dirección Provincial de Transporte, y también el Portal del ciudadano han sido herramientas para identificar a quienes han violado el precio en diferentes lugares y rutas.
“También hemos detectado personas que no tienen licencia operativa de transporte, los llamados piratas o ilegales, que incurren en esto; nos es difícil porque no podemos tener una persona en cada lugar donde salen estos autos, donde se origina este tipo de transportación”.
Y no es que la DPT ande con luz corta; lo saben desde los inspectores hasta los directivos: las infracciones de los precios se dan fundamentalmente en las máquinas de pasaje y, aunque en menor medida, en los camiones.
Por lo menos de los llamados almendrones la gente se ha quejado más —aseguran los dirigentes que varias preocupaciones han tocado las puertas de las oficinas habilitadas para darles curso— y los boteros también han ocasionado más ponches: que si de la noche al día suben los precios; que si convienen en parquearse todos ante la obligatoriedad de bajar los pasajes; que si abandonan rutas y andan por otras con la prerrogativa de que no les da negocio…
Ha sucedido en varias ocasiones y en casi todas Escambray se ha sentado también al timón para denunciar. Mas, en las carreteras ruedan no pocos argumentos.
MONTA QUE TE QUEDAS
Con un pie en el estribo y el otro a punto de hundirse en el pedal del cloche, el chofer de aquel Frankenstein llamado almendrón —que antes debió ser un pisicorre normal y luego le nacieron asientos hasta donde primero hubo un maletero— habla como si le pusiese el claxon a cada palabra: “Cuando estos cacharros se rompen es mucho el dinero que se tragan y no te dan ni una pieza de repuesto. Encima está el petróleo y lo que tienes que pagarle a la ONAT; al final no ves casi ni las ganancias”. Y acelera tanto que deja en blanco en la agenda el nombre que mucho antes me negó.
Casi ninguno de aquellos choferes de almendrones son los dueños del vehículo, tan solo son trabajadores contratados que comparten las roturas de los carros, los arreglos, los viajes y hasta los ingresos. Pero el ir y venir tanto les ha espoleado más certezas que monedas en los bolsillos, según dicen.
Cuando los precios topados se montaron también en las máquinas lo primero que sucedió fue que hubo días en los que casi desaparecieron de las carreteras y lo segundo, que en rutas como Cabaiguán-Sancti Spíritus solo quedaron los carros de 10 y más capacidades. No fue represalia; aseguran fue una necesidad.
En el asiento de conducir del carro donde montan seis pasajeros, Osvaldo Gil sostiene: “En ida y vuelta a Sancti Spíritus gasto 4 litros de petróleo y en el recorrido gano 120 pesos. Para pagar el combustible tengo que dar 100 pesos, ¿entonces para qué trabajo?, ¿por 20 pesos y los pagos a la ONAT? Además, aquí en Cabaiguán a nosotros las máquinas chiquitas no nos dejan echar combustible libremente, el del Cupet es solo para los microbuses y los camiones; nosotros tenemos que ir al Gobierno a buscar un autorizo para después poder comprar el petróleo allí”.
Desde la DPT Carlos Hernández Roque, subdirector de Operaciones, coincide: “Hay que ser justos con el tema de los porteadores privados; los precios se toparon sobre la base de un cálculo que se hizo en el 2016 y en aquel momento todo el mundo sabía lo que pasaba con el combustible. Ahora se ha arreciado el control del combustible y ellos han tenido que irlo a comprar al Cupet, entonces ya la base de cálculo por la que se fijaron los precios no funciona. En muchos casos trabajan con pérdidas porque ya han cambiado las condiciones; eso es lo que dio origen a que haya habido que adoptar las nuevas medidas por las que se les subsidiará el combustible a ellos”.
Sucederá cuando se aplique lo dispuesto en la Gaceta Oficial No. 85 que, entre otras indicaciones, ha establecido la adquisición de tarjetas por los porteadores privados para garantizar la asignación de petróleo o gasolina. Después, tal vez, se reharán cálculos y se reajustarán precios.
EN LA VÍA
Meses atrás rodaba en las redes sociales una infracción y una denuncia. En su página personal de Facebook Olver Castro, periodista de La Voz de Cabaiguán, emisora radial de tal localidad, posteaba: “Domingo 10 de noviembre, 4:50 p.m. En este instante vemos cómo un chofer inescrupuloso llega a la terminal de ómnibus de Cabaiguán y pide el pasaje a $20.00 para Sancti Spíritus, sin lugar a dudas, es un acto vergonzoso para el público aquí presente. Actitudes como estas debemos denunciarlas. Su número de matrícula es P 125 175”.
Y pasaba de largo, a lo mejor. Los canales por los que circula la DPT para tramitar quejas, verificarlas y resolverlas son únicamente los números telefónicos de los puestos de mando de las distintas dependencias de Transporte, el correo electrónico y el Portal del ciudadano Espirituano.
Para dar curso a las denuncias, insisten las autoridades, se necesitan pocas pistas. Según Aris Dayana Madrigal Pérez, comunicadora social de la DPT, “lo único que se necesita es la matrícula del vehículo ni nombre del chofer ni carné de identidad; en ocasiones las personas hacen la denuncia, pero no ponen la matrícula y es muy difícil identificar.
“También los inspectores cuando están en los puntos de embarque o paradas detienen un vehículo y las personas deben de ponerse en el lugar del inspector y comunicarle cuánto les cobraron, no que a veces dicen cobró lo que está establecido y no denuncian”.
Muchas veces los pasajeros se sientan en el puesto del chofer so pena de infracciones y cobros de más. Pero las autoridades coinciden: ninguna preocupación se deja rodando sin repuesta.
Hernández Roque asegura: “Cada vez que se ha recibido una denuncia, que se ha identificado mediante la chapa o el lugar de la violación se ha investigado y se han adoptado medidas con los infractores; se han retirado licencias, se han hecho cartas de advertencia, lo que sucede es que la mayoría de las quejas presentadas son de forma anónima o sin identificar al infractor y, por tanto, eso hace muy difícil el actuar”.
No obstante, en el otro asiento Arlide Torres Fábregas, subdirector de la Unidad Estatal de Tráfico, aclara: “Desde agosto, cuando entró en vigor la Resolución No. 64, se han retirado tres licencias operativas por violaciones de precios”.
Tampoco han sido las únicas medidas. Para frenar un poco tales irregularidades también se han colocado inspectores en los puntos de embarque y en las piqueras y controladores de transporte en esos lugares, quienes deben —de acuerdo con las autoridades— organizar el trabajo de los porteadores privados allí y velar por que no se incumpla lo establecido.
Mas, es un propósito a mitad del camino. “Hay controladores de piquera en la Terminal Provincial, en la de Colón, en Trinidad, en Cabaiguán… no son muchos; esa tarea no ha avanzado mucho y hay que ponerlos en todas”, apunta Hernández Roque.
Y pese a tales cinturones, algunas violaciones siguen averiando las vías; sobre todo, cuando pasan las seis de la tarde y las máquinas para cualquier destino —por ejemplo, Cabaiguán— suelen pedir mínimamente 300 pesos porque solo andan alquiladas; o los bicitaxis 50 por una carrera del Hospital al Parque; o en tiempos de parrandas en Guayos cobrar desde Cabaiguán y hasta esa localidad hasta 25 pesos… ¿Sin frenos?
“No, no, nosotros hemos hecho operativos… ¿Qué es lo que sucede?, ¿generalmente quiénes son los que trabajan por la noche? Los que no tienen licencia, los ilegales porque se esconden”, sostiene Hernández Roque.
Al volante Lorenzo García reconoce: “Se han hecho operativos nocturnos, pero no siempre. Abogo porque nuestro pueblo nos ayude también en la identificación de los casos que se puedan dar de precios alterados, pues no siempre se logra que la gente identifique a ese que viola y nos hacemos cómplices también de esa subida de precio y hay quien puede pagar 20 o 100 pesos, pero hay quien no puede pagar ni 5.
Por eso resulta inadmisible que exista embotellamiento de violaciones, de leyes que se instauran hoy y caducan apenas echan a rodar, de complicidades en bien de los que infringen y en contra de los propios pasajeros, de impunidad. Se trata de manejar en una carretera con obstáculos y puede ser peligroso, pero es preferible que estar sentados viendo cómo siguen pasando de largo los autos por las carreteras.
Este articulo esta a tono con lo que esta pasando y aun no se mencionan violaciones que ocurren a pleno dia y a la vista de no pocas autoridades del municipio Cabaiguan. En la piquera de Cabaiguan a Santa Lucia y viceversa el precio establecido es 5 pesos y todos los transportistan cobran diez y nunca he visto acciones de control en esa piquera a pesar que viajo regularmente ese tramo, las pocas veces que se han intentado acciones los porteadores se ausentan de la piquera y a los pocos dias regresan al mismo precio. No debe ser muy dificil para las autoridades controlar esto, solo se necesita un poco de sistematicidad en las acciones de control sobre esta piquera que opera con total impunidad cobrando el doble de lo establecido. Ademas las motonetas montan 8 donde se autorizan 6.
La solución es una y todos la conocemos, es la carencia, las prohibiciones y la falta de voluntad la que pone y fija las condiciones para que estos problemas sucedan. Un abuso o una justicia que se adjudican los acreedores de medios privados de transporte, ya por si obsoleto y con muy pocas garantías de seguridad, existe tela por donde cortar y deseos de llamar las cosas por sus verdaderos nombres sin velos de hipocresía. Pero señores periodistas los ómnibus nacionales cobran el pasaje completo y no aceptan tramos, al menos en Sancti Spiritus sucedió ante mis ojos……pasajeros a Cienfuegos……por favor un pasaje para Trinidad, si pero debe pagar el pasaje completo a Cienfuegos, el viajero delante mío quedo titubeando, seguramente con más interrogantes que respuestas, pagando un exceso innecesario……es cierto que a estas alturas los cubanos de a pie tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas, cada año es peor, que hasta para trabajar se pasa trabajo. Ojalá y todo cambie para el bien de todos. He dicho.
Dando respuesta a su inquietud las rutas programadas en su ciclo de reservacíon es de origen a Destino, hasta 72 horas antes de su salida no se abren otras localidades, Omnibus Nacionales no es servicio Inter municipal, estamos en la mayor disposición de informarle.OMNIBUS NACIONALES.
Para solucionar este problema se le debe imponer a los chóferes que tengan una lista de los precios por rutas visible para la población con los teléfonos para denunciar cualquier alteración de los mismos ,al igual que a los ciclomotores que no tienen un listado con los precios por tramos y por personas.