Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Mariano Rajoy cumple un año al frente de los destinos de una España que se vio agitada por una inédita ola de protestas, consecuencia de la profunda mutación en el modelo socioeconómico operado por su gobierno.
Doce meses después de su investidura, de la mano del triunfo del derechista Partido Popular (PP) en las elecciones de finales de 2011, la indignación ciudadana desbordó a un Ejecutivo prisionero de la austeridad marcada por Europa para reducir el déficit público.
Sometida a una estricta vigilancia de la Unión Europea (UE), su administración aprobó en el verano pasado un plan de rigor que prevé ahorrar hasta 2014 unos 150 mil millones de euros, en lo que se considera el mayor ajuste presupuestario de los últimos 30 años.
Pero en febrero, a escasos dos meses de su ascenso al poder (21 de diciembre de 2011), Rajoy sancionó el que quizás sea su decreto más nefasto: una reforma laboral que abarató y facilitó el despido en un país con más del 25 por ciento de su población en el paro, la tasa más alta del mundo industrializado.
A partir de entonces, el número de desempleados aumentó en 500 mil personas hasta rozar los seis millones, y también desde ese momento la contestación ciudadana comenzó a sentirse en las calles.
Para las dos centrales sindicales mayoritarias de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), la lógica de los cambios introducidos por el PP en el mercado de trabajo es el desmantelamiento progresivo de los derechos adquiridos durante décadas.
A juicio de ambas organizaciones, la disposición del Palacio de la Moncloa (sede gubernamental), que calificaron de desequilibrada, fue impuesta por la patronal española, la UE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el gobierno alemán.
La ciudadanía debe tomar conciencia de que se están moviendo más cosas al margen de esta modificación en las leyes laborales, alertaron CC.OO. y UGT, que pusieron como ejemplo los severos recortes en educación y salud aplicados por la derecha, que rebasaron los 10 mil millones de euros.
Precisamente, el tijeretazo en esos servicios básicos fue la chispa que encendió la mecha de las protestas contra unas medidas que, lejos de atenuar la crisis, empeoraron casi todos los datos: paro, recesión, deuda, déficit, inflación y un empobrecimiento generalizado de la población.
Además de las numerosas manifestaciones en rechazo a su política neoliberal, que se extendieron incluso a los últimos días de 2012, Rajoy se convirtió en el primer presidente de un Gobierno español que soporta dos huelgas generales en un mismo año (marzo y noviembre).
En un año, recortó miles de millones en gasto público, afectando a la sanidad y la educación públicas, dos de los pilares del Estado de bienestar, subió varios impuestos, eliminó a los funcionarios la paga extra de Navidad y no revalorizó las pensiones en función de la inflación, pese a prometer que no tocaría esas retribuciones.
Con este panorama, la calle se volvió en su contra y desde hace meses resiste una exasperación ciudadana que ha ido saltando de unos sectores a otros, en sintonía con todos los frentes abiertos al mismo tiempo por su administración.
Médicos, pacientes, jubilados, discapacitados, docentes, estudiantes de todos los niveles de enseñanza, policías, trabajadores del transporte y hasta jueces y fiscales han sido algunos de los protagonistas del sinfín de movilizaciones en defensa de prestaciones hasta ahora universales y gratuitas.
Aunque intenta diferenciar la situación de España a la Grecia y Portugal, rescatados por la UE, las imágenes de indignación, desaliento y pobreza -más del 21 por ciento de la población española vive por debajo de ese umbral- ocupan a diario titulares en la prensa nacional e internacional.
A juicio del diario digital Público, en estos 365 días quedó demostrado que, en lugar de contener el malestar ciudadano, las políticas del PP lo dispararon y, a la vista de los nulos resultados positivos, van camino de incrementarlo.
Con una hegemonía parlamentaria de 185 diputados, que le permite llevar adelante su agenda antisocial en solitario -la mayoría de los partidos de la oposición rechazan su programa-, la calle se ha transformado en el principal temor de Rajoy y su Ejecutivo.
Las polémicas reformas, calificadas por muchos de ideológicas, deterioraron la imagen del jefe de Gobierno, incluso entre los propios votantes de su partido, según todas las encuestas.
En una suerte de balance de su gestión, Rajoy insistió esta semana en la herencia recibida (del Partido Socialista Obrero Español) para justificar sus medidas, a pesar de haber transcurrido 12 meses desde que los socialistas abandonaron la Moncloa.
Valoró, sin embargo, que lo peor de la crisis está pasando y se están llevando a término los pilares de su compromiso para lograr crecimiento económico y creación de empleo, todo lo contrario a lo que muestran las cifras actuales y los pronósticos futuros.
El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, le advirtió que la luz que dice ver al final del túnel, al afirmar que España está saliendo de la crisis, puede ser el faro de un tren que viene de frente y con el cual chocará irremediablemente.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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