Más de 347 700 espirituanos, el 95,19 por ciento de los electores de esta región central de Cuba, asistieron a las urnas.
Si bien las agencias de prensa extranjeras no son muy pródigas a la hora de referirse al sistema electoral cubano -más bien lo ignoran-, siempre sobran los testigos que puedan hablar de la contundente respuesta que dio el pueblo espirituano con la masiva concurrencia a las urnas los días 21 y 29 de octubre pasado. Lo paradójico es que las críticas van dirigidas precisamente a lo más valioso del sistema, esa democracia participativa que involucra a todos sin diferencia de raza, sexo o credo.
Con la elección de los 696 delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en Sancti Spíritus este territorio casi culmina la primera etapa de las elecciones generales, que cerrará totalmente cuando en fecha próxima tomen posesión de sus cargos los elegidos por el pueblo a través de su voto libre y secreto.
A juicio de las autoridades electorales en la provincia concluyen unos comicios donde asistieron a las urnas más de 347 700 espirituanos, el 95,19 por ciento de los electores, y el territorio sobresalió por la calidad del voto, superior a la media nacional en relación con la cantidad de boletas válidas.
Sobresale el hecho de que menos del 4 por ciento de las boletas depositadas en las urnas fueron anuladas; asimismo resulta distintivo el excelente balance en la composición de quienes conformarán los gobiernos locales, ya que 101 son obreros, 159 técnicos, y el resto pertenece a los diferentes sectores de la sociedad, mientras que más del 88 por ciento de los electos tienen nivel medio superior y superior, con una amplia gama de oficios entre los que figuran cooperativistas, campesinos, amas de casa, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, trabajadores de gestión no estatal y jubilados, entre otros.
Los cubanos se saben dueños y protagonistas de sus comicios, escogen a su delegado, el mismo que defenderá los intereses del pueblo como miembro del Órgano Local de Gobierno.
Todo lo contrario a lo que sucede en Estados Unidos, donde, coincidentemente, acaba de cerrarse un plebiscito bien distinto; allí, en lugar de un servicio público, las elecciones se transforman en un gran negocio en el cual, solo en esta ocasión, se invirtieron unos 6 millones de pesos, sin entrar en otras consideraciones relacionadas con el fraude y la ausencia de transparencia en tierras de los “reyes de la democracia”, los mismos que no permiten observar y mucho menos cuestionar su Sistema Electoral.
Para los nuevos representantes que eligió el pueblo cubano por voluntad propia deberá iniciarse un nuevo período de mandato; serán dos años y medio en el ejercicio de un cargo que los convierte en la máxima autoridad política en cualquier circunscripción cubana, un ciudadano común que no recibe remuneración alguna (salario, dieta, o cualquier otra prestación o beneficio) por el desempeño de una labor que es de todos los días y casi nunca tiene horarios.
Los que vivimos en la isla no pretendemos haber alcanzado un nivel que no pueda ser superado; por ello siguen los esfuerzos por parte de las autoridades electorales por equilibrar y perfeccionar el sistema, sus métodos y mecanismos.
Puede que Cuba no tenga el más equilibrado de los sistemas electorales, pero sí el que escogieron los pobladores de una isla que simplemente defiende y apoya el derecho de los pueblos a la libre determinación, reconocido internacionalmente como un derecho inalienable en el consenso alcanzado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, cuyo programa de acción establece: “La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”.
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