Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Washington está haciendo todo por mantener el secreto sobre su probada mala conducta en el caso de los cinco antiterroristas cubanos, apresados injustamente en Estados Unidos hace 14 años.
Con perdón del simpático felino, cariñoso y juguetón, que trata de esconder sus excretas tapándolas con tierra en pulcro gesto de urbanidad, el Gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía y otros órganos de su administración, se están esforzando al máximo para ocultar bajo la alfombra las muchas vilezas en que han incurrido en el caso de los Cinco antiterroristas cubanos presos en ese país.
Prácticamente cada día se van conociendo nuevos elementos y hechos acerca de la intervención de las autoridades federales en el juicio celebrado en el 2000-2001 en Miami, a Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, para incriminarlos a toda costa, por encima de las leyes y códigos vigentes en ese país, invirtiendo incluso fondos estatales para pagar a periodistas mercenarios.
Violaciones de todo tipo menudearon desde la misma detención de los Cinco el 12 de septiembre de 1998, pero solo en fecha mucho más reciente fue que se filtró la información sobre los plumíferos inmorales que recibieron dinero de Washington para desatar una tormenta perfecta contra esos Héroes cubanos, con la campaña de desinformación que desarrollaron en los meses previos y a lo largo del juicio que dictó su veredicto hace 11 años.
Ahora se entienden mejor las manifestaciones de la jueza Lenard en aquellos momentos quejándose de la actitud de la prensa, con su barraje de artículos y notas tendenciosas y llenas de falsedades, que necesariamente estaban incidiendo en la opinión pública y en el propio jurado.
Lo que no se sabía entonces era que detrás de ese proceder reprobable e inadmisible, se encontraba el mismísimo Gobierno de Washington, y mucho menos que en tales execrables fines se estaban gastando millones de dólares del dinero de los contribuyentes para, en última instancia, violar las leyes del país. Tampoco, que ese delito de lesa justicia hubiese implicado a 80 personas como mínimo.
Ello se sumó a la presencia permitida en la sala del juzgatorio a conocidos elementos de la mafia cubano americana de Miami, que gritaron, patearon, ofendieron y llegaron incluso a fotografiar ostensiblemente a la propia jueza Lenard y a miembros del jurado, para presionar sobre ellos.
La señora no tenía por qué permitir eso, como tampoco que los periodistas sobornados divulgaran materiales que la jueza había prohibido presentar, los cuales, obviamente, solo pudo entregarles la Fiscalía.
Si se tiene en cuenta que ya en el 2005 la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito en Atlanta declaró nulo el proceso por celebrarse en un lugar como Miami, donde no estaba garantizado para nada el principio de neutralidad y falta de prejuicios sobre los cinco luchadores antiterroristas cubanos, y ahora se le suman las nuevas evidencias, entonces sobran razones para liberar a esos presos políticos quienes ya llevan 14 años tras las rejas en USA.
Como ha expresado Ricardo Alarcón de Quesada, el presidente del parlamento cubano, Barack Obama posee todo el poder y todas las facultades para decretar la puesta inmediata en libertad de nuestros cinco hermanos, pues el indulto figura entre sus facultades presidenciales.
Si no lo ha hecho es más bien por consideraciones políticas en las que mucho tiene que ver el potencial electoral y financiero de los extremistas de derecha en el sur del estado de la Florida. Si el poder de ese grupo fue suficiente para imponer en el año 2000 al anodino candidato republicano W. Bush, sobre el exvicepresidente Al Gore, aún con menor cantidad de votos, entonces sobran argumentos.
Violación tras violación, el sistema jurídico estadounidense ha quedado en la picota pública en torno al caso de los Cinco, que ha trascendido a la palestra internacional y le ha acarreado a la justicia norteamericana la censura de sendas dependencias de la ONU sobre detenciones arbitrarias y derechos humanos, así como la condena de gobiernos, parlamentos, instituciones y personalidades, entre las que figuran prominentes hombres de ciencia, artistas, intelectuales y decenas de galardonados con el premio Nobel.
Todas estas consideraciones fueron incluidas por los abogados en sucesivos affidávit a favor de los Cinco y en particular de Gerardo Hernández Nordelo, sobre quien pesan dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión adicionales.
En este caso en específico, la mala conducta del Gobierno se ha hecho más que notoria al negarse a proporcionar las fotos satelitales del derribo de las avionetas de la organización contrarrevolucionaria
Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en aguas cubanas. Si así actúan las autoridades estadounidenses es porque esas vistas echarían por tierra los argumentos esgrimidos contra Cuba y quedaría sin sustento la acusación contra Gerardo.
En resumen, que hay tantas violaciones en torno al affaire de los Cinco, antes, durante y después del juicio; tantos golpes bajos y tantas suciedades que ni la mayor alfombra del planeta podría ocultarlas totalmente.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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