Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La ultraderecha paraguaya, golpista y traidora por antonomasia, torpedea los organismos regionales de integración y abre brecha al Comando Sur de Estados Unidos en el corazón de Nuestra América.
Cuando la ultraderecha paraguaya consumaba el golpe de Estado parlamentario contra el Presidente Fernando Lugo los días 22 y 23 de junio pasados, estaba perfectamente consciente de las casi seguras consecuencias que le traería en su entorno regional, pero aún así ejecutó el cuartelazo leguleyo.
¿Por qué, se preguntaron entonces algunos analistas, no esperaron esos golpistas congresionales los nueve meses que le faltaban a Lugo para terminar su mandato, si incluso el mandatario no podría ir a reelección?
Puede haber disímiles respuestas, pero a nuestro juicio hay algunas más viables: empezar a aplicar desde ya una política reaccionaria, como en los tiempos del derrocado dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) y ganarse el apoyo de los Estados Unidos con su sabotaje a los organismos regionales de integración.
En otros términos, al parecer partieron de la consideración de que una continuación de la izquierda progresista en el poder, con Lugo o su virtual sucesor, necesariamente iría en contra de sus mezquinos intereses.
¿Cómo explicar entonces que el Congreso paraguayo esté tan abrumadoramente copado por la derecha, de manera que a Lugo, prácticamente, no lo defendió nadie? La explicación es que las mismas estructuras imperantes durante la dictadura están hasta hoy vigentes, incluida en lo fundamental la propia Carta Magna, y una continuación de los “luguistas” en el “poder” habría implicado necesariamente el llamado a una constituyente.
¿Y no bastó con esa intención para que los golpistas hondureños expulsaran del poder al Presidente Manuel Zelaya a finales de junio del 2009? La respuesta es obvia. Pero vayamos a una arista fundamental del problema: el de las consecuencias para la espuria administración del “Presidente” Federico Franco.
Por supuesto, que la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y el MERCOSUR estaban obligados a tomar cartas en el asunto. Como instituciones internacionales de carácter regional les corresponde aplicar sus estatutos ante la vulneración de la constitucionalidad en uno de sus estados miembros.
De ahí que ambas decidieran suspender a Paraguay hasta tanto sean restablecidas en ese país las condiciones y garantías democráticas, a partir de las próximas elecciones, las cuales deben desenvolverse en un clima favorable y con todas las cauciones, certificadas por veedores internacionales.
Pasado el ofuscamiento de los primeros momentos, cuando fue adelantada la posibilidad de medidas de castigo de tipo económico por parte de líderes de naciones pertenecientes a ambas instituciones, un razonamiento más meditado les llevó a considerar que existen antecedentes nefastos de tales prácticas en este continente y que, como regla, este tipo de disposiciones afecta mayormente a los pueblos, sin que suelan lograr sus objetivos.
Pero otra cosa son las decisiones individuales de cada país, que como Brasil y Argentina, socios mayoritarios del MERCOSUR, beneficiaban a Paraguay y le concedían trato de nación más favorecida, lo que ya no tendría sentido. Lo mismo ocurre con Venezuela, que elevó su comercio con la patria guaraní, de apenas 20 millones de dólares anuales, a más de 600 millones en el último año, además de abastecerla de petróleo.
Ya no habrá más exenciones aduanales para Paraguay en puertos fluviales de Argentina, Uruguay y Bolivia, ni en los pasos fronterizos con Brasil, ni petróleo llanero subsidiado. Los golpistas tendrán que pagar el costo de su traición a ambos organismos de integración, pues van a contracorriente, en perjuicio, no solo de su pueblo, sino de toda Latinoamérica y el Caribe.
En este sentido resulta de capital importancia la denuncia hecha por la periodista rioplatense Stella Callón en un trabajo titulado “Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay”, publicado en la revista Página 12 y reproducido por CUBADEBATE.
Según ese artículo, el pasado 22 de junio, mientras en el Congreso en Asunción se realizaba la farsa de juicio político contra el presidente Lugo, un grupo de diputados se reunía con altos oficiales estadounidenses para negociar la instalación de una base militar yanqui en el Chaco paraguayo.
Uno de los pretextos dados por el diputado José López Chávez, del Partido Colorado y reputado como stroesnerista y mafioso, arguye que la medida es necesaria ante el supuesto armamentismo de Bolivia.
Lo cierto es que este individuo y sus congéneres derechistas en el legislativo están dispuestos a vender su alma al diablo extranjero, permitiéndoles pisotear la soberanía nacional con su presencia y amenazar la seguridad de sus vecinos. La base de Mariscal Estigarribia, a 250 kilómetros de la frontera con el país del Altiplano, es uno de los enclaves prácticamente listos para recibir en su pista aérea a miles de soldados estadounidenses en solo unas horas.
Todo parece indicar que los golpistas paraguayos quieren darle en bandeja a Washington la posibilidad de un posicionamiento militar en la llamada Triple Frontera -que forman Paraguay, Brasil y Argentina- y con ello abrirle la vía hacia los codiciados acuífero guaraní y la amazonía, objetivos que desde un lado del Potomac se contempla con apetito de tiranosaurio.
Y este es desde ya un punto especialmente doloroso de fricción con la UNASUR, el MERCOSUR y con la flamante Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La mayoría aplastante de los estados miembros no ocultan su aversión a la presencia militar foránea en la región y tratan de reducir al mínimo la colaboración militar con los Estados Unidos, que tan malos resultados les acarreó en un pasado aún reciente.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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