Paraguay y el golpe de su mafia política

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Luego de obstruir y/o frustrar las medidas de beneficio popular que intentó impulsar el sacerdote-presidente Fernando Lugo, los parlamentarios derechistas lo echaron del poder. Ahora deben enfrentar las consecuencias.

Poco pudo realizar en favor de su pueblo el cura-presidente Fernando Lugo a lo largo de sus poco más de cinco años de mandato, acogotado por una diabólica maraña legislativa hecha a la medida de los intereses de la derecha política, encabezada por el Partido Colorado, el mismo del exdictador Alfredo Stroessner (1954-1989) secundada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también reaccionario.

Para el observador poco avisado puede surgir la interrogante: ¿es que acaso en el Paraguay no existen políticos demócratas? Sí, existen y los acaban de echar del poder. Eran un grupo minoritario y disperso, compuesto por distintas fuerzas sobrevivientes a la feroz dictadura strossneriana, que eliminó a sus principales adversarios por el procedimiento expedito de asesinarlos y desaparecerlos como parte de la tristemente célebre Operación Cóndor.

Quien conozca las terribles verdades acerca de la dictadura de Stroessner, expuestas por el patriota paraguayo Martín Almada en su obra basada en los llamados Archivos del Terror, puede preguntarse también qué derecho moral y hasta constitucional les asiste a quienes fueron sus cómplices para seguir ocupando cargos gubernamentales 23 años después de desaparecido aquel régimen de espanto.

Lugo llegó la presidencia en el 2007 por voluntad popular, al frente de un movimiento que agrupó a los más pobres; a la masa de hambrientos y segregados, empleados, labriegos, intelectuales, amas de casa y, en fin, un mosaico formado por los desposeídos de siempre, en un país donde el 2 por ciento de la población es propietario de más del 80 por ciento de las tierras productivas en un territorio de más de 400 000 kilómetros cuadrados.

Y, como se ha venido conociendo, su mandato fue la crónica de un suplicio anunciado, donde cada ley o medida de corte progresista que el Presidente intentaba adoptar, era estorbada y frustrada por un congreso dominado de manera aplastante por esa oposición oportunista y, más que retrógrada, cavernícola.

Al imposibilitarle al mandatario adoptar leyes que beneficiaran al pueblo, la oligarquía mataba dos pájaros de un tiro, pues por una parte impedían que fueran lastimados sus grandes intereses, y por otra le enajenaban a Lugo el apoyo de las grandes mayorías.

Cuando de oportunismo se trata, ningún ejemplo mejor que el del PLRA, del vicepresidente Federico Franco, que se sumó al carro del vencedor en las últimas presidenciales, y luego, ya como segundo de Lugo hizo causa común con la mayoritaria oposición del Partido Colorado para impedirle gobernar. Cuando se planteó el juicio político contra el Presidente, el taimado Franco se hizo partícipe y aceptó sustituirlo en el poder.

El Presidente no pudo nunca lograr que ese congreso diera su aprobación para la entrada de Venezuela al MERCOSUR, ni para que Paraguay ingresara a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Hace algunos meses, en ocasión de una cumbre del MERCOSUR en que se discutiría la entrada de la República Bolivariana como miembro pleno, ese parlamento reaccionario amenazó a Lugo que si asentía sin su aprobación sería sometido a un juicio político.

Pero, además, en el 2009, durante una recepción en la capital paraguaya, la entonces embajadora estadounidense se permitió referirse delante de Franco y de altos jefes militares a la posibilidad de someter a Lugo a ese tipo de golpe de estado congresional, con lo que incurrió en una alevosa falta de respeto a los poderes legalmente constituidos. En realidad, era el Vice quien merecía el juicio político por aceptar callado tamaño insulto.

Aun así, la estrecha cooperación del gobierno de Asunción con los demás miembros del MERCOSUR trajo beneficios indiscutibles a Paraguay, nación que opera en puertos argentinos y uruguayos buena parte de los productos que importa o exporta.

El país guaraní también ha sido favorecido en sus tratos con los demás socios del citado bloque económico, así como con los del ALBA, especialmente con Venezuela y Cuba, pues mientras Caracas lo abastece con petróleo subsidiado, Cuba le tiende su mano amiga en los terrenos de la educación y la salud.

Ahora que el golpe ha sido consumado -con la complicidad del clero y el empresariado- vienen las consecuencias. Quienes no tuvieron en cuenta para nada las gestiones urgentes de una delegación de la UNASUR que intentó mediar en Asunción para evitar la destitución de Lugo, empiezan a sufrir las inevitables medidas de castigo.

De momento, ya en MERCOSUR se analiza la expulsión de Paraguay en la reunión de la entidad programada para este viernes y sábado en la ciudad argentina de Mendoza, mientras la mayor parte de los embajadores suramericanos han sido llamados para consultas o retirados. De igual forma, la UNASUR ha condenado la acción del parlamento paraguayo, repudiada incluso por los gobiernos derechistas de Chile y Colombia, por boca de sus presidentes.

Cuba y Venezuela han expresado su más firme condena al golpe de estado legislativo y el Presidente Chávez anunció el inmediato corte del suministro de hidrocarburos al nuevo régimen, al cual muchos comparan con el surgido en Honduras a partir del cuartelazo del 28 de junio del 2009 que sacó del poder al Presidente Zelaya.

Hay consenso en la apreciación de que la oligarquía paraguaya no actuó sola, sino que fue asesorada por el gobierno de los Estados Unidos, el cual lucha a toda costa por torpedear la incipiente unidad latinoamericana y caribeña, fragmentar, el MERCOSUR, la UNASUR y el ALBA, destruir la CELAC y restaurar las condiciones de dominio casi absoluto de que disfrutó en la región en décadas pasadas.