A siete meses de iniciadas en La Habana las conversaciones para la paz en Colombia, las partes negociadoras coincidieron en las últimas horas en la existencia de avances importantes.
Los mayores acuerdos se concentran, fundamentalmente, en el tema agrario, según revelaron este viernes los participantes en este diálogo que tiene por sede el habanero Palacio de Convenciones.
En un informe de 25 páginas presentado hace poco menos de 24 horas, los representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) expusieron el camino recorrido hasta ahora.
Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP, afirmó en conferencia de prensa en la sede de las conversaciones para la paz en Colombia que existen expectativas de solución en los asuntos pendientes.
Los enviados del grupo guerrillero reiteraron que una Asamblea Constituyente es el escenario que «dirimiría todos los disensos», y es mucho más idóneo que un referendo.
Por su parte, los representantes en la mesa de la administración del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteraron que no apoyan la convocatoria para este mecanismo.
Al respecto, Jesús Santrich, integrante del grupo negociador de las FARC-EP, recordó que el gobierno se comprometió a estudiar todas las iniciativas que surgieran de los sectores populares y sociales.
La Constituyente, dijo, fue uno de las propuestas del foro celebrado en abril de este año en Colombia.
Márquez comentó que esa iniciativa debe erigirse como «nuevo contrato social legitimado por el poder constituyente», el cual debe dirimir los disensos de la mesa.
Su composición debiera ser convenida y no derivada exclusivamente del marco del actual sistema electoral de manera que garantice la participación de todos los sectores sociales del país, explicó.
Pero, la convocatoria para este mecanismo está en manos del congreso de la nación sudamericana, el cual define la competencia, el período y la composición, aclaró.
Para los insurgentes, una Constituyente generaría una reforma política «profunda, sentaría las bases para democratizar el acceso y uso de los medios de comunicación y ampliaría a cinco años el período presidencial, sin reelección».
Esta propuesta es considerada como la generadora de una reforma política profunda, que sentaría las bases para democratizar el acceso y uso de los medios de comunicación y ampliaría a cinco años el período presidencial, sin reelección.
No obstante, según Márquez, Colombia debe resolver también fenómenos relacionados con la soberanía, la desigualdad, la democracia, la salud, la justicia, la educación, el sistema electoral y el «excesivo presidencialismo».
Las FARC-EP propusieron «10 propuestas mínimas», en las cuales presentaron directrices para resolver algunos de esos problemas, además de otros, como las garantías para el ejercicio de la oposición y la reestructuración democrática del Estado.
El líder insurgente en estos diálogos consideró que los poderes ejecutivo y legislativo de Colombia deberían dejar la «prevención» frente a la propuesta de aplazamiento de las elecciones por un año.
Lo que se busca es darle tiempo al proceso de paz y colocarlo fuera del alcance de las agitaciones electorales, argumentó.
Por su parte, los representantes por el gobierno de Juan Manuel Santos han declarado que no están a favor de aplazar las elecciones ni de promover una Asamblea Constituyente.
Hasta ahora, la mesa instalada en la capital cubana desde noviembre pasado mostró un primer acuerdo a fines de mayo pasado, referido al tema agrario.
Pero, según lo pactado, los convenios serán parciales, pues las conversaciones se rigen por el principio de que «nada será pactado hasta que todo esté acordado».
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.