«Reanudaremos las conversaciones cuando lo consideremos conveniente», sostuvo el mandatario colombiano.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó este viernes al equipo de paz gubernamental regresar al país para evaluar el alcance del comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) sobre una pausa en las conversaciones.
Tras una reunión con altos funcionarios del Gobierno en el aeropuerto militar de Catam, el mandatario subrayó que tomó la decisión de llamar al equipo para evaluar el alcance de esa decisión de la guerrilla. «Reanudaremos las conversaciones cuando lo consideremos conveniente», sostuvo.
«En este proceso el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC-EP», dijo. «He tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente a evaluar el alcance de ese comunicado y del comportamiento frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto».
La víspera Santos propuso definir un proyecto de ley estatutaria que permitiría que los posibles acuerdos de paz se puedan presentar en un día que coincida con las próximas elecciones.
Tras este anuncio, las FARC-EP decidieron hoy «hacer una pausa en la discusión de la Mesa, para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización».
La delegación de paz de esa guerrilla señaló que el «Gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado».
En otro comunicado, el jefe del equipo del Gobierno colombiano en los diálogos, Humberto de la Calle, afirmó que el proyecto de ley presentado la víspera no convoca a un eventual referendo, ni determina su contenido.
El exvicepresidente sostuvo que «la eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La Habana», sede de las conversaciones con la que las partes buscan llegar al fin del conflicto armado, político y social.
Desde un inicio, las FARC-EP han abogado por una Asamblea Constituyente para garantizar «que la gente común del país, y la Colombia excluida puedan aportar iniciativas para crear leyes fundamentales para la consecución de un futuro con marco en la justicia social y soberanía».
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