Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La posición de la administración del presidente Barack Obama continúa invariable.
La Casa Blanca desestimó este lunes otorgar una amnistía a Edward Snowden a cambio de la entrega de documentos aún en su poder que incriminan a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) con un masivo caso de espionaje a nivel mundial.
El portavoz de la mansión Ejecutiva, Jay Carney, recalcó este lunes que la posición de la administración del presidente Barack Obama continúa invariable respecto al regreso al país para ser juzgado el excontratista de la NSA, asilado en Rusia.
Snowden es acusado de filtrar información clasificada y se enfrenta a cargos por delitos graves en Estados Unidos, apuntó Carney durante su habitual encuentro diario con la prensa.
Contestó así a Richard Ledgett, funcionario de la NSA, quien opinó el domingo en el programa 60 Minutes de la cadena televisiva CBS News que el Gobierno debería negociar un acuerdo para recuperar los documentos que permanecen en poder de Snowden.
Desde junio pasado Snowden centra el interés de la opinión pública mundial tras poner al descubierto alrededor de 200 mil archivos de la NSA que ilustran las prácticas de fisgoneo de las comunicaciones telefónicas e Internet de Estados Unidos de conjunto con algunos aliados occidentales como Reino Unido y Canadá.
Las revelaciones provocaron un revuelo mundial tras saberse de los programas de escucha ilegales de las comunicaciones de los estadounidenses y ciudadanos de otros países, incluidos dignatarios como la canciller federal alemana, Ángela Merkel, la presidenta brasileña, Dilma Rouseff, y su par mexicano, Enrique Peña Nieto.
Personalidades de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, presidentes y representantes de organismos internacionales rechazaron por distintas vías tales prácticas.
Los gobiernos acusados justifican la vigilancia masiva basados en la necesidad de preservar la seguridad nacional ante amenazas terroristas.
Del otro lado, los detractores cuestionan la legalidad de esas acciones, pues las dimensiones de los programas de intervención electrónica vulneran el derecho a la privacidad.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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