Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Un juez estadounidense ordenó este martes la desclasificación de los documentos judiciales que detallan los procedimientos de seguridad en la cárcel de Guantánamo al argumentar que la Administración de Barack Obama no ha explicado suficientemente por qué la información debe mantenerse en secreto.
En respuesta a una moción presentada por un periodista, el juez federal Royce Lamberth ordenó que se hiciera pública la versión completa de una declaración sobre los procedimientos de registro de los detenidos en la Base
Naval de Guantánamo presentados por el comandante de la prisión, el coronel del ejército John Bogdan.
El Gobierno estadounidense presentó en primera instancia una declaración clasificada y después otra con carácter público que eliminaba ciertas informaciones.
Lamberth aseguró hoy que el Gobierno no había justificado por qué mantener esas informaciones bajo régimen de confidencialidad.
“Las justificaciones ofrecidas por el Gobierno para la protección (de los documentos) se basan únicamente en afirmaciones genéricas sobre la necesidad de proteger la información relativa a las medidas de seguridad operacional y protección”, escribió el juez.
El periodista independiente Jason Leopold pidió a Lamberth que desclasificara la totalidad de la declaración de Bodgan, después del litigio abierto sobre los nuevos procedimientos de cacheo (inspección) de los reos.
En mayo pasado, Bogdan estableció una nueva práctica de registro tras el hallazgo de artículos de contrabando en las celdas, incluyendo armas caseras y dispositivos electrónicos claramente prohibidos en el penal.
La nueva práctica, que prohibió Lamberth en julio, consistía en que los guardias de seguridad colocasen una mano en la ingle del reo, ejerciendo presión en el área para “detectar cualquier objeto pegado al cuerpo”.
El registro de los genitales, al parecer, era una nueva condición impuesta a los detenidos para poder reunirse con sus abogados fuera de sus celdas, pero en otro lugar dentro de la base. Algunos detenidos comenzaron a negarse al traslado para evitar esos registros, según los letrados.
Los abogados defensores de los reclusos argumentaron ante el juez que la intención de la práctica no era mejorar la seguridad en el penal sino privar a los reos del derecho a consultar a sus abogados, particularmente a raíz de una huelga de hambre en Guantánamo iniciada en febrero pasado.
Aún permanecen 166 detenidos en el penal de la base estadounidense en Guantánamo, de los cuales más de dos tercios han participado en la protesta.
La cárcel de Guantánamo se abrió en enero de 2002 por decisión del entonces presidente George W. Bush y en el marco de la “guerra global” de EE.UU. contra el terrorismo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y
llegó a tener más de 600 reclusos.
(Con información de EFE)
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