EE.UU. y la emigración: contradicciones y mentiras

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Las nuevas medidas migratorias cubanas apenas han sido comentada por las esferas oficiales en Washington, las que siguen sin embargo implementando la obsoleta y anacrónica Ley de Ajuste Cubano.

La puesta en vigor el pasado 14 de enero del Decreto-Ley No. 302 modificatorio de la Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976, que amplía considerablemente los derechos y atribuciones de los ciudadanos cubanos en el país y en el exterior -en relación con los viajes hacia y desde su patria- apenas ha sido comentada por las esferas oficiales en Washington, las que siguen sin embargo implementando la obsoleta y anacrónica Ley de Ajuste Cubano.

Partiendo del hecho de que en los 54 años cumplidos por la Revolución cubana todos los acuerdos entre los dos países en la esfera migratoria han sido fruto de la iniciativa del país antillano, solo se ha visto por tanto a USA aplicando medidas y adoptando instrumentos “legales” como la citada Ley de Ajuste que, en la práctica, han violado los términos de lo acordado y han hecho incurrir a la potencia vecina en un rosario de contradicciones.

Aunque resulta imposible abarcar en un espacio breve todos los aspectos ligados al diferendo migratorio entre Cuba y los EE. UU., que ya acumula más de medio siglo, si resulta válido reflexionar en torno a un grupo de ellos que trascienden incluso los límites bilaterales.

Como la práctica y la más simple lógica demuestran, no se puede observar aisladamente a la Ley de Ajuste, del bloqueo que los EE. UU. mantienen contra este archipiélago, pues aunque el último se inició en los primeros meses de la Revolución triunfante y la primera fue votada en el Congreso en 1966, ambos actúan como el yunque y el martillo, ya que mientras el llamado “embargo” agudiza la situación económica y social en Cuba, la segunda estimula la emigración ilegal con fines desestabilizadores.

Los problemas y contradicciones en el tema incluyen algunos  de gran magnitud como los sucesos de la embajada del Perú en 1980 espoleados por Washington, cuando decenas de miles de ciudadanos fueron incitados a dirigirse a territorio estadounidense como parte del esfuerzo por crear un caos dentro de la isla que redundara en el descrédito de la Revolución y su debilitamiento.

Esto llevó a introducir en USA a miles de individuos marginales que los hizo incompatibles con el sistema debido a los delitos de todo tipo ejecutados por estos elementos allí, por lo que fueron encarcelados y declarados “excluibles”. La situación devino tan incómoda que forzó a la administración de entonces a solicitar a Cuba -casi rogarle- que admitiera de vuelta a esos sujetos, lo que La Habana aceptó por razones humanitarias.

Se manifiestan además varias contradicciones entre las restricciones migratorias permanentes hacia Cuba y las de tipo especial adoptadas a raíz de los atentados terroristas de septiembre del 2001, y con el trato exclusivo dado a cubanos que salen ilegalmente de su país, se radican en los EE. UU., reciben rápido permiso de residencia y luego desesperan por regresar a su patria de visita.

Y, aunque los susodichos -según las modificaciones migratorias implementadas por Cuba- solo pueden hacerlo al cabo de los ocho años, los que viajan legalmente intentan la comunicación con los suyos y el regreso, prácticamente al “otro día” de arribar al “paraíso” yanqui, y, teóricamente, podrían realizarlo.

Pero además está la posibilidad cierta de que nuevos elementos marginales ingresen por vía ilegal en la Unión Americana, donde muy probablemente intenten continuar con su trayectoria delictiva, los que ya no sería posible devolver a la isla, pues quedarían fuera del acuerdo en torno a los excluibles. Luego se inscribe el hecho de que, a más emigrantes cubanos en EE. UU., mayores remesas en dólares para sus familiares en Cuba, lo que según alegan los extremistas en Miami, “ayuda al régimen comunista”.

Por tanto, la emigración ilegal que ellos dicen combatir, y contra la cual se aumentaron radicalmente los controles a partir del 11 de septiembre de 2001, entra en contradicción con la política hacia Cuba y la propia Ley de Ajuste.

Otro contrasentido se manifiesta entre el robo de cerebros que Washington ejerce contra su vecina sustrayéndole recursos humanos de alta calificación, y la forma de aprovechamiento de esas inteligencias dentro de la Unión, donde a veces se explotan sus conocimientos sin pagarles lo que corresponde a su nivel técnico y científico, mientras por lo general se les impide ejercer sus carreras hasta tanto estudien el idioma y revaliden sus títulos.

Más aún, las preferencias del stablishment yanqui hacia los cubanos tropiezan con la política federal y estadual discriminatoria hacia los emigrantes de otros países del área, que los reprime y devuelve a los lugares de procedencia, sin considerar que de ellos depende la manutención de sus familias, por lo común numerosas, dentro y fuera de USA.

Pero existe además otro aspecto contradictorio que se presenta hoy con más fuerza que nunca en el contexto regional para los Estados Unidos, y es el causado por el perjuicio múltiple que representa la acción del lobby anticubano en el Congreso estadounidense, el cual tiene secuestrada la política de esa nación hacia Cuba, impidiéndole adecuase a los nuevos tiempos.

Como derivación de lo anterior, Washington encuentra cada vez mayores dificultades para avenirse a un entendimiento en un subcontinente donde desde hace más de una década se desarrolla una apertura democrática y surgen bloques progresistas, como la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) políticamente afines.

Por último, con la entrada en vigor del Decreto-Ley 302, Cuba deja a EE. UU. en la estacada, al modernizar y adecuar su política migratoria a los más avanzados estándares del mundo, mientras el gigantesco país del norte es el único del orbe que prohíbe a sus ciudadanos visitar varias naciones, entre ellas la primera -no fronteriza– más cercana a su litoral marítimo.