Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Por la violencia de la oposición once personas -todas simpatizantes de la Revolución Bolivariana- murieron. Entre los fallecidos también están dos niños.
La Fiscalía de Venezuela acusó a ocho hombres de ser presuntamente responsables de la muerte de cinco ciudadanos, que fallecieron durante los hechos de violencia generados por grupos de la derecha venezolana el pasado 15 de abril, tras el resultado de los comicios presidenciales.
El Ministerio Público (MP) de Venezuela acusó este viernes a un grupo de ocho personas por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco ciudadanos, quienes fallecieron en Caracas (capital) y en los estados Sucre (norte) y Táchira (suroeste) durante los hechos de violencia generados por grupos opositores el pasado 15 de abril, tras conocerse los resultados de los comicios presidenciales.
En el caso conocido como “La Limonera”, el fiscal Miguel Hernández y la auxiliar Gabriela Barrera imputaron a Carlos Omar Serrano López (36), por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de José Luis Ponce (45) y de Rosiris Reyes (44), hecho ocurrido en el municipio Baruta del estado Miranda (norte).
Respecto a la muerte de Hender Bastardo Agreda (21), ocurrida en el sector La Morita de Cumanacoa, en el estado Sucre, los fiscales Franklin Nieves y Mariuska Gabaldón acusaron a los hermanos José (23) y Rodrigo Hernández (25).
José Hernández fue acusado por homicidio intencional en perjuicio de Bastardo Agreda, y lesiones personales leves en relación con Álvaro Bastardo y Moisés Idrogo. También se le imputó por lesiones personales en perjuicio de un adolescente de 17 años.
Mientras que a su hermano, Rodrigo Hernández, quien es abogado, se le acusa de los mismos delitos, pero en grado de complicidad no necesaria.
En relación a lo ocurrido en el municipio Córdova del estado Táchira, donde murió Henry Rángel La Rosa, la fiscal Andreína Torres y la auxiliar María Inés Artahona, presentaron la acusación contra Jesús Antonio Galvis, Joel Antonio Contreras y José Omar León.
Galvis fue acusado por presuntamente incurrir en el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y motivos fútiles; mientras que Contreras y León fueron imputados por el referido delito pero en grado de facilitadores.
En Táchira también ocurrió la muerte por un impacto de bala del oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Keler Enrique Guevara, en el sector Santa Teresa del barrio Bolívar; por este caso fueron acusados Elberson Giovanny Díaz Galviz e Ibsen Jesús Colmenares Gómez, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivo fútil a titulo de complicidad correspectiva.
Igualmente, en los casos de las tres personas arrolladas en el Zulia (noroeste) y del ciudadano que murió por un impacto de bala en el pómulo en las adyacencias de la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese estado, los fiscales comisionados tienen adelantadas las investigaciones, por lo que se esperan resultados en el corto plazo.
La ola de violencia
Luego que el pasado 14 de abril el CNE anunció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, el aspirante de la derecha Henrique Capriles Radonski desconoció los resultados y pidió a sus seguidores manifestarse.
Opositores salieron a las calles a generar desestabilización y atacaron casas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Centros de Diagnóstico Integral (CDI), urbanismos creados por el Comandante Chávez, residencias de autoridades y canales de televisión, entre éstos teleSUR.
Por la violencia de la oposición once personas -todas simpatizantes de la Revolución Bolivariana- murieron. Entre los fallecidos también están dos niños.
Las autoridades venezolanas han enfatizado en que las instituciones están comprometidas en hacer justicia por lo que fue designado un equipo especial de investigaciones del Cuerpo de Investigación, Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para buscar a las personas que están relacionadas con estos crímenes.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha reiterado que todas las personas aprehendidas por las muertes ocurridas después del mencionado proceso electoral, han sido tratadas con respeto a los derechos humanos y se les han calificado delitos ordinarios consagrados en la legislación como delitos comunes.
La titular del Ministerio Público ha ratificado, en diversos pronunciamientos públicos, que la ciudadanía tiene el derecho a la protesta, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no debe ser ejercido de forma violenta tal como sucedió luego de la elección presidencial del pasado 14 de abril.
(tomado de Cubasí)
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Escambray / ISSN 9664-1277
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