Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo siguió evidenciándose este jueves en Honduras donde la Corte Suprema de Justicia permanece rodeada por medio centenar de policías.
El presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, convocó al pleno de magistrados para intentar solventar la crisis institucional que vive Honduras.
Sin embargo, la pretensión de la entidad judicial de retomar sus funciones este jueves ocurrió en medio de la polémica por la destitución por el Congreso en diciembre de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional.
Siete magistrados de la corte se manifestaron públicamente en apoyo de los destituidos a través de un comunicado en el que denunciaron la injerencia del Congreso como un atentado contra la independencia del Poder Judicial. En esta jornada se esperaba la llegada de tres de los cuatro funcionarios separados, además de los cuatro nombrados por el Congreso para remplazarlos.
Sin embargo, sólo se presentaron la destituida magistrada Rosalinda Cruz y el recién nombrado Víctor Lozano.
Mientras, en las afueras del local, se manifestaban elementos del Partido Nacional, mayoritario en el Congreso, que demandan la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema.
La ex magistrada Cruz consideró esa postura hostil como una persecución política contra los magistrados separados, preocupados por su seguridad, quienes valoran la posibilidad de solicitar asilo en Europa.
Cruz añadió que otros dos jueces cesados tuvieron que desistir de ingresar al edificio por temor a la turba, que carga mochilas llenas de piedras.
También aclaró que el magistrado José Antonio Navas viajó rumbo a Holanda para consultar el caso ante la Corte Penal Internacional de la ONu en La Haya.
Navas, junto a Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Enrique Bustillo, fueron separados de sus cargos por el Congreso el 12 de diciembre por oponerse a procedimientos utilizados durante una depuración que tiene lugar en la Policía.
En su lugar, el Poder Legislativo juramentó a Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano, que deben reemplazarlos en sus cargos.
El Defensor del Pueblo de Honduras, Ramón Custodio, denunció que hay irrespeto de los derechos humanos de los magistrados y está preocupado por la seguridad de todos ellos, pues en tal situación la Corte no puede reunirse en pleno.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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