Así lo evidencia la valoración realizada a los procesos de entrega y uso de tierras en usufructo y el cumplimiento de las medidas para el fortalecimiento de las UBPC.
Las máximas autoridades de la provincia espirituana insistieron en la necesidad de potenciar el control interno en todas las entidades y organismos para evitar posibles delitos e ilegalidades, de modo que se convierta en una herramienta diaria efectiva, con mecanismos propios que compulsen a proteger los recursos, mejorar la organización y en general los resultados, sin esperar supervisores y auditores externos para corregir errores.
Durante el encuentro de conclusiones de la VIII comprobación nacional al control interno, José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secretario del Partido en la provincia, criticó además la lentitud en la organización del proceso de entrega de tierras en usufructo e insistió en la urgencia de controlar a esos nuevos dueños, así como de corregir irregularidades y demoras para que las áreas se limpien y utilicen en función de la necesidad impostergable de producir alimentos.
Este año, en la ya tradicional revisión que rige la Contraloría de la provincia —apoyada por otros órganos de supervisión y verificación—, se evaluaron dos programas básicos de la economía espirituana: la entrega y uso de tierras en usufructo y el cumplimiento de las medidas para el fortalecimiento de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
En total se verificaron 15 entidades pertenecientes al Ministerio de la Agricultura y al Grupo AZCUBA, que rige la producción azucarera. Aunque la mayoría de ellas obtuvo calificación de Aceptable, una recibió la evaluación de Mal y cuatro merecieron la valoración de Deficiente.
Entre las deficiencias detectadas, que suman alrededor de 200, se encuentran la falta de cumplimiento de los principios básicos del sistema de control interno en las direcciones municipales de control de la tierra, donde a estas alturas aún no se han conformado los documentos referidos a la creación de sus órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, políticas, disposiciones y procedimientos, en correspondencia con lo dispuesto.
Igualmente, se encontraron demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso de entrega de las áreas; los contratos de usufructo concertados con las personas naturales carecen de los datos exigidos y no poseen los anexos que complementan sus cláusulas.
Esta octava comprobación determinó, asimismo, que más del 60 por ciento de la muestra de usufructuarios no se encuentran inscritos en el registro del contribuyente; y que en los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus y Yaguajay existen más de 22 700 hectáreas de tierras ociosas aún sin entregar.
En cuanto a las UBPC revisadas, se detectaron incumplimientos en los planes de producción, exclusiones de elementos importantes en su reglamento interno y debilidades en su fortalecimiento, pues, por ejemplo, permiten que las empresas actúen como intermediarias para la adquisición del combustible y otros insumos, a pesar de que estas unidades han suscrito contratos con las empresas suministradoras.
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