Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Nicolás Maduro pugna para hacer aprobar ese instrumento legal que le dará poderes especiales a fin de emitir decreto-leyes, encaminados a enfrentar la corrupción
A inicios de octubre, el Presidente venezolano Nicolás Maduro pidió oficialmente a la Asamblea Nacional el inicio del proceso para la aprobación de una Ley Habilitante que le confiera poderes especiales con los cuales enfrentar de forma efectiva las dificultades que hoy atraviesa el país y que en buena parte se deben al accionar desestabilizador de la derecha.
En la historia reciente de Venezuela el líder bolivariano Hugo Chávez solicitó al menos en cuatro oportunidades y obtuvo leyes habilitantes que le permitieron aplicar de manera expedita medidas económicas y políticas en beneficio de su pueblo sin tener que pasar por los laxos mecanismos burocráticos del estado, donde no faltan elementos corruptos e indolentes.
Habida cuenta de la presión constante y el saboteo ejercido por la oposición venezolana, Chávez enfrentó con éxito en varias ocasiones la acción desestabilizadora de la derecha y logró salir airoso por medio de la aprobación de las misiones y la adopción de providencias que paliaron los males y se revirtieron en mejoras para sus compatriotas.
Ahora la patria de Bolívar afronta un panorama similar, agravado por la ausencia física del líder, su carisma y experiencia. El seguidor de su legado, Nicolás Maduro, está consciente del reto mayúsculo que constituye para las autoridades venezolanas las elecciones municipales del 8 de diciembre y de que ahora, como entonces, la guerra económica que desarrolla la derecha y la campaña de sabotajes a los sistema eléctrico y de suministro de agua, junto con la feroz campaña mediática de descrédito y mentiras, están encaminadas a darle el golpe de gracia al chavismo.
De ahí que Maduro definiera que la propuesta Ley Habilitante “es un acto crucial de vida o muerte, para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo”, un proceso que, lo saben todos, es sumamente joven en sus 15 años de ejercicio político, en los que, como el propio mandatario ha expresado; “no me han dejado gobernar tranquilo un solo día”, apuntó.
El Presidente ha demostrado que, como ha dicho en reiteradas ocasiones, no le temblará la mano a la hora de combatir las manifestaciones de corrupción e ilegalidades, sean los responsables adversarios políticos o aliados del gobierno, lo que se ha materializado con la detención y enjuiciamiento de Edgardo Parra, alcalde de la ciudad de Valencia, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la investigación por presuntos malos manejos de otros representantes del oficialismo.
Hasta ahora el gobierno ha adoptado en lo político y electoral todas las medidas posibles para tratar de garantizar un resultado favorable en los comicios que han comenzado a llamar “del 8D” al tiempo que en el aspecto ejecutivo también se han implementado las previsiones que la ley permite para combatir el acaparamiento y la receptación de mercancías, enfrentar los sabotajes y contrarrestar la avalancha de mentiras y tergiversaciones en los medios.
Pero falta la Ley Habilitante para que el Presidente pueda gobernar por decreto. Ello conlleva la realización de varios trámites o pasos que se iniciaron con la solicitud a la Asamblea, que ahora la analiza y luego debe remitirla a la junta directiva, la cual determinará si cumple con los requisitos y, de ser así, procederá a distribuir el documento entre los diputados para su posterior discusión en sesión plenaria.
Toca a los parlamentarios decidir el alcance y el lapso en que estará vigente la referida Ley. Si es aprobado en primera discusión, el escrito pasa a la Comisión Especial para que analice su contenido y elabore un dictamen. En el término de 10 días a partir de ese instante, se efectuará la segunda discusión del texto. De ser admitido, la Asamblea Nacional lo remite al Ejecutivo para que lo firme y se publique en la Gaceta Oficial.
El gran problema es que, según las normas constitucionales, la Ley Habilitante requiere para su aprobación los votos de las tres quintas partes de los asambleístas, que son 165, lo que indica que hacen falta 99 votos y el total de la bancada bolivariana suma 98, por 67 los representantes de la oposición.
De este modo, resulta imprescindible el voto positivo en pleno de los diputados oficialistas y ganarles al menos un sufragio a sus adversarios para que la Habilitante pase esta prueba de fuego en el crucial momento político que hoy vive Venezuela.
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Escambray / ISSN 9664-1277
QUÉ ES DE LA VIDA DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA EN CUBA QUE HACE RATO NO SE LE VE EN PÚBLICO AUN EN LAS OCASIONES MAS ENCUMBRADAS COMO LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL?