El presidente estadounidense, Barack Obama, renovó este sábado su llamado al Congreso de alcanzar un pacto equilibrado que evite el alza impositiva y recortes presupuestarios antes del próximo 1 de marzo venidero.
En su tradicional alocución sabatina por radio e internet, el dignatario consideró inexcusable que la clase media y los pequeños empresarios sufran porque Washington no llega a un acuerdo y elimina las ventajas fiscales a quienes devengan ingresos superiores a los 250 mil dólares al año.
Obama advirtió que si los legisladores fracasan, entonces los recortes automáticos al gasto del Gobierno afectarían a la economía y pondrían en riesgo miles de empleos.
«Mi mensaje al Congreso es el siguiente: sigamos trabajando juntos para resolver este problema. Y demos a nuestros trabajadores y empresas el apoyo que necesitan para crecer y prosperar», recomendó.
En respuesta, la senadora republicana Lisa Murkowski dijo que el país necesita aumentar la producción energética nacional, realizar investigaciones en ese ramo y aprobar de una vez el controvertido oleoducto canadiense Keystone XL para impulsar la economía y crear nuevos puestos de trabajo.
Precisamente el canal fue el tema principal de una reunión efectuada ayer entre el secretario de Estado, John Kerry, y el ministro canadiense de Relaciones Exteriores, John Baird, porque sigue pendiente del visto bueno de Washington.
La cita tuvo lugar luego que el gobernador de Nebraska autorizó la instalación del ducto -valorado en siete mil millones de dólares- en ese territorio pese al rechazo de ambientalistas y agricultores en ambos países por el potencial riesgo ecológico.
Si se concreta, el Keystone XL atravesaría dos provincias canadienses y seis estados norteamericanos a fin de transportar 830 mil barriles diarios de crudo desde Alberta -prolífera en arenas alquitranadas- hasta refinerías en la costa del golfo de México, con capacidad para depurar el denso bitumen.
Pero por su naturaleza binacional, el consentimiento final del proyecto en Estados Unidos requiere de un permiso presidencial emitido por el Departamento de Estado y una evaluación sobre el impacto medioambiental.
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