La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso este lunes a 27 gobernadores y 26 alcaldes cinco puntos fundamentales para cambiar el país, incluido una Asamblea Constituyente exclusiva para una reforma política.
En su intervención en uno de los salones del Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, Rousseff destacó la necesidad de alcanzar acuerdos en torno a cinco objetivos: Responsabilidad fiscal y control de la inflación; Reforma política; Salud; Transporte público; y Educación.
Puntualizó que apoyaría la celebración de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente con miras a establecer normas específicas de la reforma política, que propicie cambios, entre otros, en la forma de elegir a dirigentes y legisladores, el financiamiento de campañas, la publicidad en la televisión y la radio.
«Brasil está listo para seguir adelante y ha dejado claro que no quiere estar donde está», aseveró al recordar las cientos de protestas con la participación de millones de ciudadanos registradas en todo el país en las últimas dos semanas.
La mandataria dijo que una nueva legislación debe considerar la «corrupción intencional como crimen atroz», con penas más severas y solicitó acelerar la aplicación en todas las instituciones federales y públicas de la Ley de Acceso a la Información, que permite mayor transparencia en las cuentas estatales.
Al referirse al Pacto de responsabilidad fiscal, comentó que este favorecerá el mantenimiento de la estabilidad económica y el control de la inflación.
Tras reiterar la importancia de mejorar la salud pública, dijo que otras naciones desarrolladas cuentan con un elevado número de médicos graduados en el extranjero, lo cual no ve motivos para contratar galenos de otros países para que apoyen a elevar la calidad y atención en este territorio
No vamos a afectar a ningún médico brasileño, «cuando no hay disponibilidad de médicos brasileños contrataremos médicos extranjeros que trabajan exclusivamente» en zonas rurales, recalcó.
Rousseff defendió la aprobación en el Congreso de un proyecto ley que permitiría destinar al desarrollo educacional las regalías que se reciben por la explotación de petróleo en el país.
«Confío en que los honorables congresistas aprueban este proyecto, que se encuentra en trámite en el Congreso con carácter de urgencia constitucional», indicó al apoyar los programas de alfabetización con niños de hasta ocho años y más inversiones en ciencia y tecnología.
La reunión con los gobernadores y alcaldes se convocó como respuesta a las protestas de la ciudadanía, que reclama calidad en los servicios públicos, más seguridad y menos corrupción.
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