Nuevas tarifas de pago se ponen en vigor para los locales de este tipo que se hallan en zonas intrincadas.
Cuba se repiensa cotidianamente, tanto que de un mes a otro pueden cambiar regulaciones o aprobarse nuevas formas de hacer más rentable nuestra economía. La isla se reacomoda tan rápido que, por ejemplo, a una semana de publicada una nueva oferta para abrir paladares y cafeterías en los círculos sociales —en la reciente entrevista “Flexibilizan arrendamiento de círculos sociales”—, hoy las tarifas son otras.
A tono con la Resolución 353, emitida a inicios de octubre por el Ministerio de Finanzas y Precios y que dispone el cobro de una tarifa mínima de pago del 50 por ciento del impuesto existente, el Consejo de la Administración Provincial (CAP) aprobó aplicar esta rebaja en los círculos sociales que se hallan en zonas rurales, pesqueras o montañosas de la provincia.
Según Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial de Comercio, ello implica que los arrendatarios de estos locales que están acogidos a la modalidad de paladar o de cafeterías de venta de comida, de alimentos ligeros y de bebidas alcohólicas pagarán ahora 350 pesos y 200 pesos, respectivamente; la mitad del monto de la patente antes impuesta.
“Hasta hace poco, de los 241 círculos que existen en la provincia más de un centenar habían sido insertados en los nuevos modelos de gestión de la actividad de gastronomía y, a partir de esta nueva flexibilización, de los 125 que aún faltaban por abrirse, más de una veintena lo ha hecho”, asegura Fernández Martín.
Esta nueva oferta beneficiará a la mayoría de las instalaciones de este tipo existentes en el territorio; de ella se excluyen, por el momento, 20 que se encuentran en los dominios de Cooperativas de Créditos y Servicios, de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de otros organismos, las cuales para ejercer la venta de productos alimenticios deberán acogerse al sistema de arrendamiento del Comercio.
A esta cifra se añaden, según el directivo, 13 círculos sociales que hoy se hallan en derrumbe parcial o total y la única solución para ellos es que alguien particularmente decida repararlos o montar un local para brindar servicios gastronómicos; en ese caso, a quien se aventure se le exonera del pago del impuesto del cobro del espacio por un año.
De acuerdo con la citada fuente, todas estas facilidades podrían redundar en un rescate de la función gastronómica y social que ejercían estas instalaciones en las comunidades rurales donde están enclavadas.
La Resolución 353 establece la rebaja del 50 por ciento de la tarifa para los paladares, las cafeterías de venta de comidas, de alimentos ligeros y de bebidas alcohólicas que se encuentran en zonas rurales y también para quienes estén acogidos al nuevo modelo de gestión de la actividad de gastronomía, pero es únicamente facultad del CAP —según establece la propia resolución— determinar de quiénes pueden incluirse en estos nuevos pagos.
“Para ello se tiene en cuenta, entre otras razones, el nivel de acceso, la población y el poder adquisitivo de los lugares donde se encuentran las instalaciones”, acotó Fernández Martín.
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