Poderes externos y la oligarquía nativa pugnan por reproducir en Venezuela el “tumor” ucraniano.
Se apresuró la reacción venezolana con sus sabotajes, con su guerra económica y guarimbas, con su sideral hipocresía para mentir, tergiversar y destruir, en el intento de reproducir en ese país hermano la “enfermedad” política terminal que ha sumido a Ucrania en la violencia y la anarquía, aunque, como la vida enseña, traspolar métodos iguales a realidades distintas no lleva al éxito.
Han estado en las calles de 18 municipios practicando las llamadas protestas “pacíficas”, seguidas por gamberros y terroristas que bloquean las vías, incendian, blasfeman y agreden mientras tienden alambres para que motoristas que suponen afectos al gobierno se degüellen al pasar por esos lugares.
Con su actuar irresponsable y criminal se han hecho culpables de más de 50 fallecidos, cientos de heridos y lesionados y miles de millones de dólares en pérdidas, si se cuentan las ocasionadas por la guerra económica que esa misma oligarquía que los sustenta ha diseñado y aplicado con asesoramiento y apoyo externo, sobre todo desde Estados Unidos, Panamá y Colombia.
El objetivo casi explícito de todo lo anterior ha sido crear las condiciones para una intervención extranjera, estadounidense en este caso, que casi necesariamente se lanzaría desde las siete bases de que disponen los gringos en territorio colombiano y desde las vecinas posesiones holandesas en las inmediaciones de las costas venezolanas, donde también hay enclaves yanquis.
Este macabro plan del llamado golpe suave que antes de Ucrania aplicaron en Libia y en Siria no les ha salido bien ni en Siria ni en Venezuela, pues mientras el gobierno de Damasco lleva la ventaja en el campo militar contra los mercenarios y terroristas que les imponen la guerra, el de Caracas, liderado por Nicolás Maduro, está sosteniendo firmemente la lucha contra sus enemigos acérrimos.
Entretanto, en la patria de Bolívar se libran a diario batallas políticas y de otro tipo cuyo resultado está favoreciendo al gobierno. La iniciativa de Maduro de convocar a los líderes opositores a un debate abierto para que cada parte expusiera públicamente sus criterios, permitió emplazarlos acerca de su posición frente a la Carta Magna —que aseguraron acatar— y la violencia.
Si bien algunos se mostraron esquivos a la hora de asumir compromisos en sus declaraciones acerca de las acciones violentas de los grupos más extremistas, el consenso prevaleciente fue el de rechazarlos. Ellos están conscientes de que si bien tendrían probablemente que pagar un costo político por su actitud ante las cámaras, también estaban perfectamente al tanto de que en las mesas de discusión de los asuntos económicos el criterio prevaleciente ha sido el de la cooperación.
De esta manera, los violentos se han ido quedando aislados. Hace aproximadamente un mes, una encuesta sobre el tema arrojaba que el 85 por ciento de los ciudadanos del país están en contra de la violencia, lo que incluye a la mayoría de quienes votaron por el candidato opositor en las últimas elecciones.
Aunque algunos grupúsculos de elementos bien pagados persisten en sus acciones desestabilizadoras, lo cierto es que carecen de apoyo popular.
Entretanto el gobierno sigue adelante con su ofensiva económica de producción y abastecimiento con la distribución del país en cinco zonas estratégicas para potenciar las fuerzas productivas, sustituir importaciones y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, plan en el cual se le ha otorgado amplia participación al sector empresarial.
Durante la inauguración de nuevas viviendas en la Avenida Bolívar, en la Parroquia San Agustín en Caracas, Maduro indicó que con el impulso de la nueva ofensiva económica la producción de materiales para la construcción permitirá que la Gran Misión Vivienda Venezuela alcance la meta de edificar 500 000 casas al año.
Para nadie constituye un secreto la voluntad del ejecutivo de construir los 2 millones de apartamentos prometidos e incluso superar esa cifra en los próximos cuatro años, y así lo avalan los más de 350 000 entregados hasta la fecha. Este plan gigantesco no solo significa casas para los más necesitados, sino que representa además fuentes de trabajo para cerca de un millón de ciudadanos de uno y otro sexos.
La opinión general de los observadores es que en Venezuela el cáncer de la violencia opositora ha pasado de ser una enfermedad terminal para convertirse en una dolencia que se curará finalmente con acciones sociales, económicas y políticas progresivas como las que hoy aplican las autoridades bolivarianas.
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