La CIA apuesta por Leopoldo López para destruir la obra de Chávez (+fotos)

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Leopoldo López es solicitado por la justicia venezolana por delitos como instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad pública y homicidio intencional.

Leopoldo López es un político venezolano de ultraderecha, exalcalde y exprecandidato presidencial, inhabilitado por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, golpista, responsable de acciones desestabilizadoras, aliado del expresidente colombiano Álvaro Uribe y el autor intelectual de las acciones violentas y fascistas que han tenido lugar en Venezuela los últimos días.

El periodista canadiense Jean-Guy Allard relata que, en la década de 1990, López estudió en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, “pues de allí reclutan a muchos de sus agentes de inteligencia”.

López habría conocido en aquellos años al general David Petraeus, exjefe de la CIA y hombre de confianza de Barack Obama en materia de inteligencia, y a Paula Broadwell, especialista en contrainsurgencia y análisis geopolítico de la inteligencia militar.

Luego, en Venezuela, se conectó con el Instituto del Partido Republicano de EE.UU. (International Republican Institute), que le extendió su apoyo estratégico y financiero. A partir de 2002, realizó frecuentes viajes a Washington a la sede del Partido y a encuentros con funcionarios del Gobierno de George W. Bush (2000-2008).

En el 2002 encabezó la marcha de oposición al Palacio de Miraflores, en Caracas, que provocó la muerte de decenas de personas, propició el golpe de Estado y el secuestro del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

En esos días, participó en la persecución y detención ilegal del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Sin embargo, la causa judicial en su contra por estos hechos cesó en diciembre del 2007, gracias a una amnistía otorgada por el propio presidente Chávez.

Años después, lideró acciones desestabilizadoras en el país, llamadas “guarimbas”. La estrategia consistía en atentar de manera violenta y sistemática contra la paz y tranquilidad pública y provocar una actuación «represiva» de las fuerzas del Estado, para incentivar una sublevación cívico-militar, deslegitimar al Gobierno y forzar una intervención extranjera.

En 2008, López fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General, por un caso de conflictos de intereses de 1999, era asesor de la estatal “Petróleos de Venezuela”, justo cuando su madre, Antonieta Mendoza, era Directora de Asuntos Públicos de la empresa.

En 2011, la Contraloría lo inhabilitó nuevamente por tres años, hasta 2014, por el desvió de recursos públicos cuando era alcalde Chacao (2000-2008).

De acuerdo con Allard, López es primo de Thor Halvorssen, autoproclamado jefe de la Human Rights Foundation, organización no gubernamental financiada por la CIA que orquestó el fracasado golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, en 2009.

Posteriormente, en 2011, López era precandidato presidencial (aunque sabía que estaba inhabilitado) y se alió con el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con quien se reunió en varias ocasiones para solicitar su “asesoría” en materia de “seguridad”.

Precisamente, Uribe -y su familia- ha sido vinculado a grupos paramilitares y con el fallecido capo de la droga Pablo Escobar Gaviria, es acusado de ordenar cientos de desapariciones forzadas cuando era Presidente y se ha declarado “enemigo del Estado venezolano”.

Ahora, desde comienzos de 2014, López realiza convocatorias en aras de romper el orden constitucional, incitar a la desobediencia civil y demandar la salida del presidente Nicolás Maduro por vías antidemocráticas.

Sus llamados han culminado con focos de violencia en varias ciudades del país, especialmente en la capital, que hasta la fecha han dejado, al menos, tres venezolanos fallecidos, decenas de heridos y daños material incalculables.

López es solicitado por el Ministerio Público por delitos que van desde instigación a delinquir, intimidación pública y daños a la propiedad pública, hasta homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles.