Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La decisión de las FARC-EP de liberar al brigadier general Rubén Darío Alzate permite la continuidad de los diálogos de paz para Colombia, que se desarrollan en La Habana desde hace dos años.
Este miércoles, representantes de los países garantes de la mesa de conversaciones, Cuba y Noruega, anunciaron que Alzate y otras cuatro personas (tres de ellos militares) serán entregados «a la mayor brevedad posible», por acuerdo entre esa guerrilla y el gobierno colombiano.
El comandante de la contrainsurgente Fuerza de Tarea Conjunta Titán fue apresado el pasado domingo junto a dos acompañantes, mientras transitaba vestido de civil y sin escolta por una zona de confrontación armada del noroccidental departamento del Chocó.
La decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender temporalmente los contactos, en respuesta, generó movilizaciones populares en Colombia y tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, para exigir la continuidad del esfuerzo pacificador.
Este impasse avivó, además, el debate sobre la pertinencia de alcanzar un acuerdo para el cese de hostilidades que aleje la posibilidad de que se produzcan incidentes como este y permita crear un ambiente propicio para las negociaciones.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han insistido en tal necesidad, la cual niega el gobierno bajo el argumento de que en anteriores ocasiones esa guerrilla aprovechó los alto el fuego para fortalecerse política y militarmente.
El pasado miércoles, el jefe del equipo negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, alertó que mantener el conflicto armado en medio del proceso de paz que se adelanta pone en peligro la continuidad de los diálogos y compromete la firma de un acuerdo final.
Señaló que el logro más importante alcanzado por la Mesa es la expansión del sentimiento de reconciliación entre los colombianos, e instó a una mayor participación de los movimientos sociales y políticos, y de la ciudadanía en general en este esfuerzo.
Al mismo tiempo, reclamó al Estado mayor compromiso en la implementación de los acuerdos obtenidos, teniendo en cuenta que gran parte de las salvedades planteadas son reivindicaciones cuya solución puede materializarse cumpliendo normas legales y constitucionales.
Pese a las diferencias conceptuales y posiciones diametralmente opuestas en varios temas, las partes ya acercaron posturas en asuntos controversiales como los de reforma rural, participación política de las FARC-EP, y combate al narcotráfico.
Ambas delegaciones centran los debates sobre el tema de los derechos de las víctimas, cuyos representantes han viajado a La Habana en varios grupos para exponer sus vivencias y puntos de vista ante sus victimarios.
Estos logros abren espacio a la esperanza para la solución pacífica de la confrontación de más de medio siglo, que ha cobrado la vida de más de 200 mil personas y perjudicado de una u otra forma a cerca de 6,5 millones, según cifras del Centro de Memoria Histórica de Colombia.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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