Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El procurador general de la República Jesús Murillo afirmó este miércoles que lo acontecido el 26 de septiembre fue una represión violenta de policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial Guerreros Unidos.
En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que era el propósito disuadir a un grupo de personas para no hacer presencia en el evento de celebración donde estaban el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con motivo de un informe de esta.
Señaló que se tiene acreditado el modo de operar, los móviles del grupo delictivo, de la policía y funcionarios de Iguala y Cocula, el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos -arrestado recientemente- a estos elementos y el lugar donde los detenidos fueron encargados a este grupo delincuencial.
Durante esos hechos violentos perdieron la vida seis personas, de ellas tres normalistas y un menor de edad, y permanecen desaparecidos 43 estudiantes detenidos por la policía y entregados a miembros de Guerreros Unidos.
Indicó que se tienen identificados y acreditados a los policías de estos dos municipios de Guerrero que incurrieron en secuestro y delincuencia organizada, y se concluyen diligencias para acreditar delitos de desaparición forzada a funcionarios municipales.
Actualmente hay detenidas y consignadas 52 personas entre policías y funcionarios locales, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien se capturó a su líder máximo, Casarrubias.
Añadió que se tienen identificados a tres miembros de Guerreros Unidos que recibieron de los policías de Cocula y de Iguala a los detenidos y «conocemos el camino por los que fueron internados y las fuerzas federales se encuentran en su búsqueda».
Igualmente expresó que se solicitaron las órdenes de prisión contra el alcalde de Iguala y su esposa, y el secretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores, en su calidad de probables responsables y promotores intelectuales de los hechos de Iguala.
Murillo aclaró que a la PGR le fue turnada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero el 5 de octubre la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, o sea, aclaró, se llevan 17 días de investigación.
Precisó que Guerreros Unidos había tejido una línea de complicidad con policías municipales y, en el caso de Iguala, abarcaba autoridades y policía locales.
Este grupo recibía del presidente municipal de dos a tres millones de pesos (de 147 mil 600 a 221 mil 400 dólares) de manera regular, de los cuales al menos 600 mil (44 mil 280 dólares) eran destinados al control de la policía.
Además, el grupo delincuencial decidía el ingreso de los integrantes de los policías municipales.
Encartó a Pineda, esposa del alcalde de Iguala, como la principal operadora de las actividades delictivas desde la presidencia municipal en complicidad con su esposo y el secretario de Seguridad.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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