Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Directivos de Planificación Física en Sancti Spíritus abordan el peliagudo tema de las construcciones ilegales
Desde el 2012, como parte de las políticas establecidas por el país, en Sancti Spíritus comenzó el enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbano, después de muchos años en que a la vista de todos crecieron barrios clandestinos en los más insospechados lugares, ampliaciones sordas a las regulaciones oficiales y construcciones privadas en los espacios públicos, por solo mencionar algunos de los tentáculos de la anarquía generalizada.
El proceso no ha resultado nada cómodo: cuestionamientos, airadas protestas e incomprensiones de muchos afectados conviven con el entendimiento, la cooperación y hasta el aplauso por el restablecimiento de la disciplina de quienes cada día miran preocupados las manchas que lesionan el paisaje espirituano.
A sabiendas de la complejidad del asunto, Escambray regresa sobre el tema con las respuestas de José Alberto Morales, director provincial de Planificación Física, y Ciro Rodríguez, jefe del Departamento de Control en ese organismo.
Al cabo de dos años, ¿cuántas ilegalidades han resuelto, cuáles quedan pendientes y qué política mantienen al respecto?
A partir del 2012 se establecen y elaboran los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbano, al unísono en todos los Consejos de la Administración. Inicialmente fueron registradas 6 343 ilegalidades que abarcaban 31 organismos del Estado, que propusieron un cronograma de erradicación con plazo hasta el 2018 para las personas naturales y hasta 2015 para las jurídicas.
El pasado año el compromiso se cumplió y en este, hasta el cierre del tercer trimestre, se viene cumpliendo, excepto en las personas naturales. La mayoría de las ilegalidades resueltas son en edificios multifamiliares. El plan abarca 18 barrios y focos ilegales. Estos casos son los más complejos. Está prevista la demolición de un grupo de ellos porque son incompatibles con los planes generales de ordenamiento territorial por estar debajo de las líneas del tendido eléctrico o en el radio de contaminación de fábricas o industrias, etc.
Hoy no existe ley que dé la posibilidad a las personas que están en los barrios ilegales para que se puedan legalizar con un nivel de inversión en la infraestructura. Se trabaja en las normativas y políticas que pudieran dar solución a estos barrios que llevan tiempo y proceden legalmente.
Otros llevan demolición. Lo que sí está claro es que no puede aparecer una ilegalidad más allí, ya este año se han detectado 25 nuevas, se han enfrentado, se han multado y demolido. En el caso de las personas jurídicas es menos complejo. El plan de enfrentamiento no es cerrado. Se agrega todo lo nuevo que va apareciendo, incluimos 3 799 casos que son bienhechurías construidas en tierras entregadas antes de la puesta en vigor del Decreto-Ley No. 300. Eso se está evaluando, ahí no todo es ilegal.
¿Cómo actúa Planificación Física ante las irregularidades en el ordenamiento territorial?
Hoy, cuando detectamos una nueva ilegalidad, aplicamos todo lo que está establecido hasta demoler. Se dieron indicaciones de que no crecieran las ilegalidades, el objetivo era frenarlas. En algunos municipios se ha logrado, en otros crecen.
Existen construcciones en suelos que son de la Agricultura. Para darles la legalidad hay que buscar forma de legalizar ese suelo y hoy esa posibilidad no la tenemos. Algunas construcciones se han hecho sin documentación, pero proceden urbanísticamente y la solución sería liberar suelo y tramitar la documentación.
Otros barrios es imposible que puedan mantenerse. Están previstos en el plan de reordenamiento para el desarrollo industrial de la cabecera. Hemos hecho los estudios de hacia dónde llevar esos barrios. Ahora, ¿cómo van a salir esas personas de ahí? Eso no lo sabemos, no está definido.
Las demoliciones constituyen un tema complejo, ¿se han concretado algunas de las anunciadas?, ¿qué va a suceder con las personas que viven ahí?
A pesar de estar previstas en la demolición total por las causales que ya expusimos, contra las ilegalidades viejas no se ha actuado. Están identificadas y censadas con todos los detalles, a la espera de una decisión que aún no tenemos. Cada caso va a tener su propio tratamiento y nadie va a quedar desprotegido. Lo que sí está claro es que ahí no puede aparecer una ilegalidad más.
En estos barrios se ha ido enfrentando lo nuevo que aparece, se han hecho demoliciones en la Circunvalante de Sancti Spíritus y de Trinidad, Santa Cruz, Oxígeno y Acetileno y otras que esperan por la autodemolición o que se tome una decisión al respecto.
¿Cuál solución han buscado para las viviendas legalizadas que constituyen una violación de las regulaciones urbanísticas?
En el 2001 se traspasaron las funciones nuestras para la Vivienda, se han ido detectando construcciones previamente autorizadas que violan regulaciones urbanas, esos casos se están tratando para no crear un problema social. La provincia no tiene tantos casos de esos y se les ha ido buscando solución.
Las escaleras construidas en las aceras constituyen infracción frecuente, ¿qué fórmula proponen para resolverlo?
A partir de enero algunas tendrán que demolerse porque laceran un espacio público que hay que respetar, no solo desde el punto de vista urbanístico, sino por razones de vialidad y tránsito, pues interrumpen un paso peatonal y pueden provocar un accidente. En estos casos no es decirle: tumba, hay que trabajar en un equipo multidisciplinario para buscar solución. Algunas, las mínimas, son autorizadas. La inmensa mayoría las hicieron ilegales. Lo que está indicado es que deben echarlas por el portal, por dentro de la vivienda o por un lateral. En estos casos, el de abajo tiene que dar acceso al de arriba.
¿Qué situación presentan las violaciones de los organismos, supuestamente más fáciles de resolver?
Existe un compromiso por los representantes de cada organismo. El plan se va evaluando en su ejecución, coordinado por el Gobierno y el Partido. Se le da un seguimiento. El Estado tiene que dar el ejemplo para después emprender lo pendiente con la población. Hoy van quedando las que necesitan un financiamiento, como viviendas debajo de los tendidos eléctricos, pegadas a la línea del ferrocarril, asentamientos cercanos a ríos y embalses…
El crecimiento del trabajo por cuenta propia ha generado muchas violaciones a la luz pública en los entornos urbanos y rurales.
Se han hecho regulaciones para esto en algunas cabeceras municipales y antes que termine el año deben hacerse en todas. La actividad por cuenta propia se ha ido regulando. Es un elemento positivo que ya formamos parte de las comisiones municipales del trabajo por cuenta propia y las personas vienen aquí para la aprobación de los espacios. Se ha logrado, por ejemplo, concentrarlos en áreas en algunos centros urbanos y que las actividades se ejerzan dentro de las viviendas en zonas de alto valor patrimonial. Tratamos de ir regulando la forma de hacer un punto de venta, hay que ir introduciendo diseños que armonicen con el entorno para cuidar la belleza de las ciudades. Aún es insuficiente lo que hemos hecho.
La causa de las ilegalidades se encuentra en la debilidad de los sistemas de enfrentamiento, ¿qué acciones desarrollan para fortalecer estas estructuras y evitar que la historia se repita?
Se está fortaleciendo la actividad de Planificación Física a partir del perfeccionamiento institucional que vivimos como órgano rector de uso y destino de suelo. En enero se nos traspasan algunas funciones de la Vivienda, incluida la actividad de inspección, con la intención de contar con un inspector por Consejo Popular, esa sería una fortaleza que ahora no tenemos.
Con el completamiento de los cuerpos de inspección tenemos una situación un poco más favorable, aunque aún no están todos. Es insuficiente el trabajo. Todos los órganos de inspección hoy están jugando un papel vital, se han activado, fortalecido y hay un mayor enfrentamiento. Eso conlleva a que se cree un clima de respeto y seriedad. Las ilegalidades nos corresponden a todos.
Pero lo que es de todos suele ser de nadie.
No, lo que sucede es que en su momento nadie jugó el papel que le correspondía. La base legal y las contravenciones existen. Cada organismo las tiene y debe hacerlas valer. Quien los integra a todos es Planificación Física.
Algunos afectados por el enfrentamiento se cuestionan que otros ilegales pasan por debajo del telón gracias a los sobornos, ¿hasta qué punto ha sido preciso, ético y justo este proceso?
Este es un proceso difícil y complejo. Algunas personas tratan de encubrir su ilegalidad culpando a otros. El que es ilegal es ilegal y el que construya sin tener en sus manos la documentación que lo autorice está construyendo ilegal. La impunidad que ha existido en años por la falta de inspección y de control ha provocado que exista un número grande de ilegalidades. En un momento todas no van a poder tener solución, se van evaluando.
Cada organismo certificó sus ilegalidades. Conocemos que ese plan no abarcó el ciento por ciento de las que existen, puede que algunas se hayan quedado. Aún es ineficiente el enfrentamiento. Muchos no quieren buscarse problemas y esto no solo puede dejársele a Planificación, a la Vivienda, a Inspección y Supervisión. Sancti Spíritus no está entre las provincias más complejas. Nos queda mucho por hacer. Hay que lograr en la población una cultura de respeto al ordenamiento territorial y urbano. Esto no es una cacería de brujas, pero tiene que haber orden.
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Escambray / ISSN 9664-1277
Está muy bueno el comentario, pero me pregunto ¿acaso los desagues en azoteas que dan para las aceras no son ilegales? porque de que afectan, afectan, cuando llueve o hay limpieza no se puede caminar por las aceras pues donde menos te lo imaginas te cae agua sucia y no reclames porque nadie sale ni tan siquiera a ayudarte, sería eficaz que aclararan esta situación.
y los garajes , ¿donde se podran construir?
una vez hablaron que tendrían lugares para ellos y de eso hace mas de 2 años.
ya los delegados no saben que responder….