Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, reconoció el trabajo realizado por el Tribunal Provincial Popular en Sancti Spíritus en el 2013.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al examinar la labor del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus y sus homólogos municipales durante el 2013, expresó que esta se caracteriza por la calidad, celeridad y efectividad de los procesos judiciales.
En tal sentido precisó que la alta profesionalidad y la consagración de los jueces profesionales y legos –estos últimos son trabajadores que cumplen función judicial durante un mes al año-, fue un factor esencial en la impartición de justicia sin cometer errores, premisa que debe caracterizar siempre a los juristas cubanos, quienes nos debemos a la Revolución y al pueblo honrado y trabajador.
La licenciada Elena Margarita Cabrera Figueroa, presidenta del Tribunal Provincial Popular, expuso el cumplimiento de ocho de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en relación con la materia judicial y ejemplificó al respecto el rigor en las resoluciones de delitos penales relacionados con hechos de corrupción, contra la maza ganadera y la economía, la violencia y el tráfico ilícito de estupefacientes.
Igualmente en la materia económica los tribunales espirituanos conocieron de asuntos por impagos entre entidades, modalidad que disminuyó respecto al año precedente, no obstante crecen en el 2013 las demandas relacionadas con otras causas tales como resarcimientos de daños y perjuicios por la no entrega de productos agropecuarios pactados y otros incumplimientos contractuales, aunque se observa todavía inercia, apatía y falta de exigencia por parte de directivos de entidades para reclamar de manera oportuna los incumplimientos de productores.
El Presidente del Tribunal Supremo Popular significó el logro de los Tribunales Municipales de la provincia de Sancti Spíritus que, con el apoyo de los grupos multidisciplinarios creados por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) e integrados por especialistas de otras instituciones entre estos psicólogos, sociólogos, pedagogos y profesores, y de los jueces, permitieron solucionar el 70 por ciento de los litigios familiares por acuerdos entre las partes litigantes, sin necesidad de dictar sentencia, novedad en materia civil que aplican los tribunales cubanos y que hoy constituye una valiosa experiencia que propicia mayor unidad y solidez a la familia.
Se puso de manifiesto también el acierto del Decreto Ley 310 del Consejo de Estado, entrado en vigor en octubre del 2013, que modificó la competencia de los Tribunales Municipales Populares para conocer delitos que son sancionables hasta con ocho años de privación de libertad, lo que permite procesar a los encartados en la propia localidad donde residen y delinquen, sin necesidad de trasladarse a la cabecera provincial, amén de que ello ha contribuido también a reducir la carga del Tribunal Provincial, experiencia muy positiva en este territorio.
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