Turbinas siguen en tierra de nadie

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“Esto es como el cuento de la buena pipa”, me aseguró Marilene Pérez González, presidenta del Consejo de Vecinos del edificio 5 en el reparto espirituano de Olivos III, cuando le abordé el tema del pago del consumo eléctrico en las turbinas que prestan servicio a los edificios multifamiliares de la ciudad.

Según ella, de poco le ha servido involucrarse en algo tan escabroso como cobrar a las personas un consumo que, entre disposiciones y regulaciones que no llegan, junto a la incomprensión de muchos vecinos, se ha convertido en una de las pérdidas más grandes que arrastra la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus.La deuda ya rebasa los 83 000 pesos por concepto del pago de la electricidad consumida por 17 moto-bombas que abastecen a más de una treintena de edificios multifamiliares de la cabecera provincial.

Escambray retoma un problema que, lejos de corregirse, engorda el adeudo y se pierde, además, en una madeja de inconvenientes que van desde la falta de una institución estatal que se encargue del cobro, lo injusto de una misma tarifa para cada familia, hasta la ausencia de un documento legal donde se consigne qué organismo funge como “dueño” de los mencionados equipos.

Acostumbrada a lidiar con su gente, Marilene abre el diapasón de razones para que hasta hoy solo haya podido recoger el importe correspondiente al mes de enero. “El primer problema está en que los activistas no hacen su trabajo y no funciona bien la Junta de Vecinos; el otro radica en la inestabilidad del agua, ya que el motor que nos abastece estuvo roto por más de dos meses. Así, ¿quién va a pagar?”.

Como establece el Reglamento para los edificios multifamiliares, los vecinos pagan su cuota a través de una tarifa fijada según el consumo mensual de la bomba conectada a un metro-contador y se entrega a otro inquilino encargado de depositarlo en el banco, una persona natural que corre el riesgo de que se le pierda el dinero y, en el menor de los casos, tiene que corretear durante semanas detrás de ciudadanos renuentes a pagar. Según Olga Barrizonte Rojas, delegada de la circunscripción No. 108 en el reparto Olivos III, en relación con etapas anteriores se reporta menos resistencia a la hora de desembolsar el dinero, pero aún persiste.

“Los mayores problemas están en la morosidad del tesorero para recopilar el importe y la cantidad de vecinos que no quieren pagar porque conocen la ausencia de un mecanismo estatal con responsabilidad jurídica que asuma la recaudación. También sucede que algunos aceptan, pero cualquier cosa puede pasar, se mudan, se enferman y hasta fallecen y no se sabe qué destino tendrá el dinero recaudado”.

En su Artículo 93 la Ley General de la Vivienda señala que los edificios multifamiliares se clasifican en dos categorías: los de administración propia, que son aquellos que cuentan con un reducido número de viviendas y no tienen equipos complejos; y los de edificios de administración municipal, aquellos que cuentan con gran cantidad de inmuebles, generalmente de muchos niveles, donde el pago lo asume la Dirección de la Vivienda.

La ley establece también que el cobro de bienes comunes, como el pago de la facturación mensual del gasto de electricidad por concepto de bombeo de agua en los edificios de administración propia (menos de siete plantas), lo asumen sus habitantes a partir de una cuota que se establece a través de la Junta de Vecinos y, según Rosa María González, subdirectora de Administración en la Dirección Provincial de Vivienda, esa entidad solo asesora y controla el trabajo y guía a los inquilinos metodológicamente.

Al decir de Armando Cepero, director general de la Empresa Eléctrica en la provincia, si se apela a lo legislado puede solucionarse el problema en los casos en que un solo equipo alimente múltiples edificios. Se trata de turbinas no comerciales, y, además, en su radio de acción están enclavadas instituciones estatales como panaderías y comercios, por eso opino que es un problema de apreciación. Una sola moto-bomba alimenta varios edificios, lo que a mi juicio debe considerarse como un servicio de administración municipal y, en consecuencia, a cargo de la Vivienda”.

Claudio Rodríguez Amador, director de ese organismo en el municipio de Sancti Spíritus, difiere de tal argumento cuando asegura que, aun cuando está en manos de la Dirección Municipal de la Vivienda determinar en qué categoría se clasificarán los edificios, solo pueden calificarse de administración municipal los de varios niveles como el Doce Plantas. “La categoría habla de un solo edificio grande, y en ellos el organismo tiene la obligación de pagarles a los encargados de la turbina, del ascensor y del bombeo. En edificios bajos no lo podemos asumir. Lo que no se acaba de decidir es considerarlos parte de un miniacueducto y estos pertenecen a Recursos Hidráulicos”, acota Claudio.

Más allá del débito, que ya es alto, las derivaciones pudieran llegar a ser drásticas, porque cuando no se paga ese servicio lo que está orientado es cortar la corriente, algo a lo que, según los directivos de la Empresa Eléctrica, no se ha llegado para proteger a la población.

Desde los repartos Olivos I, II y III las explicaciones de algunos vecinos se justifican con pretextos creíbles: “Hay edificios que tienen servicios estatales, es por eso que no pagamos”; “no hay sistematicidad y no sabemos a dónde va ese dinero”, entre muchas razones. Otros llegan a conclusiones como la de Orelvis Lizano, el delegado de la circunscripción No. 141: “Aunque la gente ya está de acuerdo con abonar el dinero y hay una situación favorable para empezar, falta la presencia de los organismos, porque no viene nadie a orientar metodológicamente y explicar qué pasa”.

Llueve sobre lo mojado y el asunto sigue rebotando entre una entidad y otra sin que se llegue a un consenso y aparezca un procedimiento adecuado y bien pensado. Mientras, los afectados esperan por el mecanismo justo para evitar que alguien pague por una cuenta eléctrica con un cálculo igualitario por apartamento y, en el peor de los casos, que exista un dinero recaudado que no va a la cuenta de nadie porque no aparece un tesorero. Mientras, las arcas estatales siguen esperando por una liquidación en fase de prórroga hasta que se recupere la disciplina vecinal y se haga realidad la recaudación que lleva dos años en tierra de nadie.