Desde 1941, más de tres mil personas han muerto en incidentes en minas turcas, causados por incendios, deslizamientos de tierra o explosiones.
Alrededor de 800 estudiantes denunciaron este miércoles en Ankara la muerte de cerca de 238 personas, tras una explosión ocurrida en una mina de carbón en Soma, en el oeste de Turquía.
Según la versión digital del diario Hurriyet, la policía local reprimió la demostración mediante el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua.
Los manifestantes pretendían marchar desde la Universidad Técnica de Medio Oriente hasta la sede del Ministerio de Energía, pero los agentes bloquearon la salida del centro educativo.
En Soma, mientras Erdogan dialogaba con las autoridades locales sobre el suceso, un grupo de protestantes culpó al Gobierno por el desastre y exigió su dimisión.
Varios sindicatos turcos convocaron a sus miembros a participar en huelgas previstas para los próximos días y atribuyeron la tragedia a la falta de medidas de seguridad, en tanto el Ejecutivo asegura que se produjo debido a desperfectos en un transformador eléctrico.
En declaraciones a Hurriyet dos años atrás, Alp Gurkan, dueño de la empresa Soma Holding, responsable de la mina, reconoció que «los costos de la explotación se habían reducido considerablemente tras su privatización y la realización de recortes».
Gurkan señaló que, con tal propósito, se implementaron medidas como la fabricación de los transformadores eléctricos en lugar de exportarlos y la subcontratación de personas con salarios inferiores a los exigidos por los sindicatos.
Cerca de 787 obreros se encontraban en la mina en el momento de la detonación y se estima que más de 100 permanecen sin poder salir, afirmó el ministro de Energía, Taner Yildiz, quien se refirió al incidente como «el peor desastre minero en este país».
Yildiz aseguró que más de 300 trabajadores fueron rescatados, muchos de los cuales fueron llevados a hospitales cercanos.
Asimismo, destacó que la mayoría de las muertes ocurrió debido a envenenamiento con monóxido de carbono y previó el incremento del número de fallecidos.
En 2013, el opositor Partido Republicano del Pueblo solicitó al Parlamento la realización de investigaciones sobre accidentes en las minas, pero la propuesta fue rechazada por el gubernamental Partido de Justicia y Desarrollo, informaron medios locales de prensa.
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