Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Estrategia de enfrentamiento pone coto a un mal que creció a la vista de todos.
Anarquía, tolerancia, complicidad en algunos casos. Ese mejunje criollo de impunidad abrió las puertas a las ilegalidades en los litorales cubanos, donde entidades y ciudadanos levantaron inmuebles a sus anchas. Pero no hay desmadre que dure 100 años…
Otra historia empezó a partir de 2012, cuando el Instituto de Planificación Física (IPF) se plantó en sus trece y dijo: “¡Hasta aquí!”, al amparo del Decreto-Ley No. 299/2012, que le concedía el papel rector en el enfrentamiento a las irregularidades en cuanto a ordenamiento territorial, urbanismo y otras actividades.
De los archivos de las computadoras y de las gavetas salieron el Decreto-Ley No. 272/2001 Contravenciones en materia del ordenamiento territorial y urbanismo y el 212/2000 Gestión de la zona costera, a punto de certificarles la defunción debido a su aplicación asistemática en los litorales.
¿Sancti Spíritus constituía una isla aparte en el archipiélago de violaciones reportadas en el país? No, aunque su catálogo no era tan desproporcionado como el de otros territorios. Los registros de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) indican que 42 ilegalidades engordaban la lista en el sector estatal en el 2012 y 30 lo hacían en el particular, entiéndase, en este último caso, viviendas construidas en las zonas costeras y de protección.
Cada anomalía ocupó asiento en el Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades —vademécum en manos de directivos, especialistas e inspectores—, imprescindible para poner a raya las deficiencias detectadas en más de un recorrido por los litorales norte y sur, realizados por el IPF, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y las autoridades locales.
Es cierto que las inspecciones suelen provocar ojeriza entre los controlados; mas, si alguna acción ha dinamizado la erradicación de las ilegalidades, esa ha sido el chequeo en el terreno —usted sabe que el papel aguanta casi todo—. Precisamente, al cierre de esta edición, un grupo multifactorial, liderado por el IPF, volvía sobre sus pasos a la costa para constatar los avances o retrocesos.
Horas antes de iniciarse la comprobación, Ciro Rodríguez Rodríguez, subdirector técnico de la DPPF, refirió a Escambray que de la totalidad de ilegalidades en el sector estatal —localizadas en mayor cuantía en las playas Ancón, en Trinidad, y Vitoria, Yaguajay— apenas seis quedaban con vida, consistentes, en sentido general, en construcciones de diverso tipo erigidas sobre la duna o cerca de las áreas costera y de protección.
A juzgar por los hechos, la teoría de las toallas tiradas no se ha verificado en la práctica. Por ello, lo mismo se ha echado abajo el muro perimetral del hotel Ancón, ejecutado en la duna, que casas de descanso, cítense, por ejemplo, una de la Empresa Azucarera en Vitoria, y otra perteneciente al Ministerio del Interior en Trinidad.
Con sus playas, el sur trinitario computó el récord negativo en lo referido a las violaciones en el levantamiento de estas en el 2012; sin embargo, poco a poco la marea ha bajado, evidente en un recorrido de este reportero por parte del litoral para comprobar cómo el paisaje se ha recuperado. Habría que coincidir, entonces, con Ángel Pérez Naranjo, al frente allí de la Dirección Municipal de Planificación Física, en que ya se observa el impacto favorable del actuar con apego a la ley.
Innegablemente, el enfrentamiento no recae solo sobre las espaldas del mencionado organismo, como lo afirmó la jefatura de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) en Sancti Spíritus, perteneciente al Citma, ministerio que debe llevar de cabecera el referido Decreto-Ley No. 212, aprobado ante la ineficaz, heterogénea e insuficiente legislación vigente hasta el 2000 para la regulación del uso, manejo y protección de las costas, donde también pululan las violaciones por parte de las llamadas personas naturales, es decir, de la ciudadanía.
Tales irregularidades son harina de otro costal. De las 25 viviendas edificadas en la zona costera, tres no disponen de documentación legal, y de las cinco ubicadas en la llamada área de protección, cuatro tampoco la tienen. De hoy para mañana se no arremeterá con aplanadoras contra las casas; la tercera parte de las cuales se localizan en La Boca, donde fueron construidas hace varias décadas.
A todos los casos, y a su debido tiempo, el Estado propondrá soluciones o alternativas a partir de las regulaciones aprobadas, como sostiene la subdirección técnica de la DPPF, en cuyos archivos sí se consigna la demolición de varias cimentaciones en Guanayara.
El proceso de ordenamiento territorial de los litorales no responde al desvarío de un trasnochado, sino a la necesidad de preservar dichos ecosistemas —frágiles per se—, de incuestionable potencial para el esparcimiento del pueblo y para dinamizar la economía cubana.
Anarquía, tolerancia… se mezclaron durante años en franco irrespeto a la ley. Frente a tanto desmadre, Planificación Física hace valer sus facultades; dicho en palabras de su director en Trinidad: “Hemos sido los bomberos en esta batalla”.
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Escambray / ISSN 9664-1277
El ordenamientos de las costas cubanas y espirituanas pasan por muchas aristas y algunas de ellas no están precisamente en las costas. Es también un problema ético y moral. No podemos pensar sólo en la costa, ellas son ecosistemas muy frágiles que resiben todos los impactos que ocurren en la cuenca hidrográfica alta, media y baja. Si queremos ordenar las costas debemos paralelamente ordenar las cuencas hidrográficas desde la gestión integrada, no visto de manera fraccionada desde un paradigma ingenieril de oferta y demanada, porque realmente usamos todavía una gestión del agua y de los suelos pensada en los años 70 con la primera revolución verde. La gestión de las cuencas hidrográficas y costas debe ser holística, sistémica e integradora. Considero que no es ético y moral intervenir en las construcciones privadas y pequeñas construcciones estatales, mientras mega estructuras como el Hotel Ancón planifican desarrollo de su planta hotelera, éste construido sobre la duna y que una excelente Ministra del CITMA e investigadora, Rosa Elena, luchará tanto por desmontar sus estructura y hoy siga siendo la más importante causa de impactos en la península Ancón junto a un pedraplén sin la conexiones necesarias entre la bahía de Casilda, las lagunas costeras y el bosque de manglar para hacer que estos ecosistemas no sufran de estres, el Manejo Integrado Costero debe ser la herramienta que convierta cada ciclo del manejo en un buqle de mejor gestión sostenible. Hoy, en la península Ancón se violan sendos decretos leyes de éste país y una Ley ambiental mientras se mantengan las estructuras del mencionado hotel, el pedraplén sin las conexiones o viaductos necesarios y una carretera sobre la duna fósil que une el asentamiento La Boca con la Península. Además, de estar contempladas su demolición o cambios estructurales en el Plan de Ordenamiento Integral de la Península Ancón y en su Plan de Manejo Integrado. Muchas Gracias.
El responsable de todo ese desorden es el mismo que ahora pide orden.Sin su beneplácito no hubiesen existido esas construcciones.Fijense que organismos y personas pudieron construir.El MINED nunca tubo ni un rancho de guano para sus empleados ,y Perico Pérez,el simple trabajador sin conexiones,una casa veraniega