El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, planea revisar todas las medidas que promulgó el gobierno saliente de Cristina Fernández e incluso contempla anularlas
Una fuente allegada a Macri según publica este domingo el diario La Nación afirma que «las cosas que no son viables en lo financiero en el corto plazo se van a revisar, negociar, levantar, dilatar o judicializar, según corresponda».
Señala que ahora «no es el momento de confrontar con el Gobierno, sino de dejar que termine su mandato y asumir el 10 de diciembre próximo y comenzar a gobernar nosotros».
Para este periódico, agudo opositor del modelo popular y nacional que impulsó la Presidenta, el plan de retirada de Fernández consiste en condicionar a su sucesor con polémicas leyes, decretos y cientos de designaciones discrecionales.
«Pero el presidente electo resolvió con su futuro gabinete revisar todas las medidas, dilatarlas, negociarlas con los gobernadores o anularlas», afirma la publicación que cita a una fuente sin identificar.
Entre otras medidas que serían reconsideradas están el decreto que eliminó el 15 por ciento de la coparticipación impositiva de las provincias, el aumento de asignaciones públicas y las designaciones de funcionarios en el Estado.
Según se queja el asesor citado por La Nación, Cristina Fernández «quiere privar a Macri de la luna de miel de 100 días que tiene todo presidente recién asumido».
Uno de los puntos de mayor confrontación fue la decisión de la Presidenta de extender a las 24 provincias del país, el fallo con votación dividida de la Corte Suprema de Justicia de que el Estado debía exceptuar a Córdoba, Mendoza y Santa Fe de la coparticipación tributaria.
Ante ese dictamen selectivo para beneficiar en exclusiva a esas tres provincias, la mandataria entonces dictó por decreto que el veredicto fuera extensivo igualitariamente a todas las comarcas del país.
El impuesto de la coparticipación provincial es una de las fuentes de ingresos a las arcas del Estado que van en particular a la Administración Nacional de Seguridad Social.
Para el equipo de Macri, la saliente mandataria también persigue «liderar desde el llano el Partido Justicialista en una resistencia política al nuevo gobierno con el mito del regreso en 2019. Y usar a sus diputados para lograr modificaciones en las futuras leyes».
Por eso, la intención del nuevo ejecutivo es auditar los 106 mil nombramientos y contratos temporarios que Fernández hizo en ocho años y especialmente las de los últimos meses, que superaron las dos mil 500 agentes según la fuente citada por La Nación, y «dará marcha atrás con los que hayan sido poco claros».
La fuente anticipa que la auditoría que impulsará la vicepresidenta electa, Gabriela Michetti, en el Senado se replicará en el resto de las áreas del Estado. «Si surge que hay dos mil ñoquis, se van a tener que ir», dijo Michetti la semana última. Ese es el espíritu», apostilló la vicepresidenta electa.
Ñoqui es el vocablo despectivo para llamar en Argentina a personas que le asignan algún cargo como empleado del Estado pero con poco o sin contenido de trabajo.
El diario apunta a que pocos días antes de dejar la Casa Rosada, la Presidenta dictó un aluvión de medidas que implicarán un aumento sustancial de lo que el nuevo ejecutivo estima son gastos, lo que para el equipo saliente, empero, son inversiones públicas.
De aplicarse esas iniciativas, muchas de beneficios laborales, podrían comprometer financieramente al gobierno de Macri, se quejan quienes serán los futuros funcionarios.
A partir del 10 de diciembre se van a ir revirtiendo todas las cosas que para el nuevo gobierno están mal, afirmó el designado ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aunque no avanzó en precisiones.
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