Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Se prevé que en esta jornada los magistrados se pronuncien sobre la validez del enjuiciamiento y definan el procedimiento a seguir en este caso
El Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoy el análisis del trámite del juicio político en el Congreso contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por el delito de responsabilidad fiscal.
Se prevé que en esta jornada los magistrados se pronuncien sobre la validez del enjuiciamiento y definan el procedimiento a seguir en este caso.
El presidente del STF, Ricardo Lewandowski, cerró la sesión de la víspera, después de que el miembro de esa instancia Luiz Edson Fachin expusiera sus argumentos y manifestara su voto a favor del trámite iniciado la semana pasada en la Cámara de Diputados contra la mandataria del país.
Lewandowski prometió asimismo deliberar este jueves el tema e incluso, si es necesario, el sábado próximo con miras a lograr un fallo antes del inicio del receso en el poder judicial el lunes venidero.
Puntualizó que mientras no exista un pronunciamiento del Tribunal Federal, se mantiene suspendido el enjuiciamiento de la dignataria.
En su intervención ayer, Fechin desechó los cuestionamientos expuestos por parlamentarios comunistas en torno al caso y señaló que el proceso realizado por el líder de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, contra la jefa de Estado se ajusta a derecho y cumple con todos los requerimientos de la Constitución.
Puntualizó asimismo que la Carta Magna no prohíbe la votación secreta para seleccionar a los miembros de la Comisión especial que avalará la validez del pedido de enjuiciamiento a la dignataria, así como indicó que una tramitación de esta naturaleza es de contenido político y jurídico.
De acuerdo con las reglas actuales, Rousseff podría ser separada del cargo por seis meses si el consejo especial decide dar curso al juicio político.
El caso sería entonces asumido por el Senado, órgano que lo evaluaría y determinaría si rechaza o aprueba la destitución de la jefa de Estado, reelecta en los comicios del pasado año.
La presidenta de la nación reprocha las acusaciones de que cometió irregularidades en las cuentas pública, al atrasar transferencias a bancos públicos para los programas sociales, como Brasil sin Miseria y Mi casa, mi Vida.
Aclaró que la Constitución brasileña prevé la posible destitución de un mandatario, pero «no prevé la invención de motivos para derrumbar a un presidente legítimo».
Según Rousseff, los que buscan atajos para el poder quieren derrumbar a una mujer, pero también desean destruir un proyecto que ha incluido al pueblo en los presupuestos gubernamentales.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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