Diputados de los bloques aliados del gobierno brasileño anunciaron que recurrirán al Supremo Tribunal Federal para pedir la anulación de un pedido de juicio político contra Dilma Rousseff
Trasa calificar de «golpe» la decisión del líder de esa casa, Eduardo Cunha, de aceptar un trámite de enjuiciamiento en contra de la presidenta Rousseff, el legislador Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que esta acción fue vengativa y carece de bases jurídicas solidas.
Por ello, adelantó que presentará una queja ante el Supremo Tribunal con miras a lograr su impugnación, pues «Brasil no puede ser chantajeado» por un implicado en delitos de corrupción y levado de dinero.
«Vamos a ir a la Suprema Corte porque no hay un rito suficientemente definido para promover el juicio político», subrayó al destacar que la máxima autoridad de la justicia invalidó con anterioridad a Cunha de tramitar cualquier proceso de enjuiciamiento contra la jefa de Estado.
Además de Pimenta, el diputado Rubens Pereira, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), afirmó que acudirá también al STF para que archive dicha solicitud.
El Supremo ya se pronunció con anterioridad y señaló que no hay bases establecidas para el juicio político, recalcó.
La dirección nacional del PT censuró igualmente la decisión del máximo representante de la Cámara y consideró que se trata de una acción «golpista» que lesiona la democracia brasileña.
Para el presidente de esa agrupación, Rui Falcao, ocurrió este miércoles un «chantaje barato» de parte de Cunha, quien se sintió amenazado por la determinación de diputados del Partido de los Trabajadores de apoyar la continuidad del proceso contra el líder parlamentario en la Comisión de Ética por supuesta quiebra de decoro.
La autoridad legislativa aceptó un pedido de juicio político contra Rousseff por supuestas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados el pasado año y que continuaron este año.
Esas anomalías constituyen -según la oposición- un «delito de responsabilidad fiscal», que puede conducir a la destitución de la dignataria.
En este contexto, movimientos sociales y populares censuraron la postura del líder de los diputados y anunciaron protestas y manifestaciones en defensa de la democracia brasileña y Rousseff.
El máximo representante del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierras (MST) João Pedro Stédile, indicó que saldrán a las calles para acabar con los intentos de la oposición de derrumbar el proceso democrático brasileño.
«Cunha no tiene ninguna moral para encaminar un proceso de juicio político. Si él tuviera un ápice de dignidad hubiera renunciado para defenderse en la Corte Suprema, donde se le acusa, con abundantes pruebas de corrupción», señaló Stédile.
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