Cuba aprobó requisitos que deberán cumplir las compañías extranjeras interesadas en la industria nacional del petróleo y el gas, como parte de las acciones impulsadas hoy en el país para atraer inversión foránea.
El procedimiento, que entrará en vigor a partir del 16 de febrero próximo, aparece en la Resolución 299 del Ministerio de Energía y Minas, publicada en la Gaceta Oficial de la isla.
De acuerdo con el texto, las empresas extranjeras que deseen ser operadoras o no operadoras, asociarse en participación, o ser beneficiadas por una cesión o venta, deberán certificar que reúnen ciertos requerimientos ante la Oficina Nacional de Recursos Minerales.
En primera instancia, las firmas presentarán la solicitud acompañada por documentos que acrediten su existencia y vigencia corporativa, así como el pago de la tarifa correspondiente por dicho trámite.
También mostrarán un poder extendido por la máxima dirección de la compañía en el cual se faculte a un representante de la empresa para realizar los trámites necesarios, y darán a conocer sus estados financieros verificados por una firma de auditores de primer nivel mundial.
De igual modo, las entidades informarán sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas que realizaron en los recientes tres años, y detallarán los trabajos de exploración, el número y tipo de pozos perforados y las inversiones, entre otros aspectos.
Todos estos materiales estarán en idioma español y serán legalizados ante el consulado cubano en el país de constitución de la compañía.
De proceder la calificación, la Oficina Nacional de Recursos Minerales expedirá el certificado en el término de 45 días naturales posteriores a la fecha de presentación de los documentos requeridos.
Según la resolución, las compañías serán incluidas dentro de cinco categorías determinarán la extensión de su área de trabajo en dependencia de su capacidad técnica y financiera.
La obtención de la calificación por parte de la firma foránea no significa que la entidad estatal petrolera esté obligada a negociar contratos con ella, lo cual es una facultad discrecional de dicho organismo, apuntó el texto.
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