Desfalco en el Zoológico espirituano

Relacionados

Tribunal Supremo Popular: “Es falsa la noticia sobre monitoreo de llamadas y mensajes”

La tranquilidad ciudadana que nadie nos arrebatará

Fiscalía inicia procesos penales por hechos delictivos en medio de la contingencia

Tras un delito de malversación, aparece una prueba de cómo puede el descontrol tirar por la borda recursos que el Estado destina al esparcimiento de los menores.

Quien revise la causa 163 del 2014, radicada en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Popular Provincial de Sancti Spíritus, puede cansarse por cuenta de la extensa relación de productos que allí se recoge con lujo de detalles. Pero quien se apropió de ellos ilegalmente, escudándose en la posibilidad de tenerlos a mano y aprovechándose del descuido de quienes debieron chequear por que todo estuviera en orden, no se cansó de aplicar al pie de la letra aquel proverbio egoísta, tomado de alguna propaganda comercial, que reza: “Lo mío primero”; solo que aquí “lo mío” no era particular.

Falsificación de documentos privados como medio para cometer un delito de malversación, tal es el argumento que antecede a la sentencia contra el culpable, dictada el 6 de noviembre del pasado año y hecha firme el día 27 del propio mes. ¿La pena impuesta? 13 años de privación de libertad en un establecimiento penitenciario del Ministerio del Interior, más la accesoria consistente en la pérdida de derechos ciudadanos y la responsabilidad civil de reparar el daño material causado, equivalente a 826 352 pesos con 88 centavos.

El monto de dinero pudiera elevarse significativamente, si se considera que la mayoría de los renglones de los cuales se apropió ilegítimamente el ciudadano José Bladimir Hernández Hernández, entonces de 39 años y residente en la cabecera provincial, pudieron comercializarse en el mercado negro por cifras superiores a su precio normal.

Durante la vista oral quedó probado que en el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2013 y el 15 de mayo de 2014 el inculpado, quien fungía como administrador de la cafetería El Zoológico desde septiembre del año 2000, mantuvo en el inventario del almacén mercancía inexistente en la realidad.

Pudo demostrarse, además, que cada mes elaboró personalmente los auto- inventarios (22 en total), en los cuales no consignaba los datos reales de las diferencias derivadas de sus desvíos para así apoderarse de ellos, con lo cual causó un importante daño económico a la Empresa Municipal de Gastronomía de Sancti Spíritus. El entonces directivo tenía bajo su mando y control, igualmente, los puntos de venta denominados Los Caballitos y Plaza Cultural, al ser la suya una unidad centralizada, por lo que la mercancía tomada para sí en un ejercicio de desfalco a las arcas públicas estaba destinada, mayoritariamente, a satisfacer necesidades recreativas de niños y adolescentes.

Cantidades que se cuantifican, indistintamente, en decenas o cientos de libras y kilogramos, junto a miles de paquetes, sintetizan un daño que incluye desde la mortadella, el chorizo, el mosaico, las salchichas, el queso blanco, el jamón viking o el jamón pierna, pasando por la pasta untable y las galletas dulces, de sal, rellenas y de soda, hasta los caramelos, los sorbetos, el refresco en bolsas o latas y el pelly de distintos sabores, sin dejar de incluir las miles de unidades de tabletas de chocolate que el paladar infantil jamás llegó a degustar, al menos en los lugares donde se previó su venta.

A ello se suman otros miles de botellas y cientos de pomos, principalmente de ron refino y en menor cuantía de marca, y de licor de piña o menta, así como decenas de miles de cajas de cigarros y cifras no despreciables de cerveza, mayoritariamente en lata.

Luego de otra prueba de cómo puede el descontrol tirar por la borda recursos que el Estado destina al esparcimiento de los menores, solo queda, además del ejercicio de la Ley, un extenso inventario en forma de alerta.