Dos caras

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En los bolsillos de los trabajadores se siente el impacto de la aplicación de la Resolución 17, del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social.

Mirtha Román se quedó sin voz. Contrario a lo que pudiera pensarse, esta obrera de la Pasteurizadora no padece de afección crónica en sus cuerdas vocales; todo comenzó cuando tuvo entre sus manos el salario correspondiente a la primera quincena de agosto, cobrada luego de implementarse la Resolución No. 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza. “¡Madre santa!, 48 pesos”. Desde entonces no dejó de reclamar. “Esa ley la encuentro bastante mala”.

“No pensamos así”, discrepa Leyici Aquino Veloz, secretaria general del Buró Sindical del ingenio Melanio Hernández, de Tuinucú, quien asegura que allí los trabajadores se frotan las manos cada vez que tienen a la cajera frente a sí.

Historias paralelas. En el escenario empresarial espirituano, dos caras exhibe la aplicación de la mencionada norma jurídica, que cavó la sepultura de la Resolución No. 9 “Reglamento general sobre las formas y sistemas de pago”. La nueva legislación reconoce dos formas de pago en el sistema empresarial: a tiempo y por rendimiento, en este último caso fomentada con el interés de izar las velas de la productividad, llevar contra las cuerdas los gastos y los costos y darles cordel a los niveles de producción y de servicios, calidad mediante, por supuesto.

Resoluciones No. 9 y 17, también dos historias. La primera —catecismo puro— establecía límites a los salarios y cómo repartirlos; la segunda pone a razonar a los empresarios —habituados a que todo les bajara en letra de molde desde arriba—, fulmina los topes a los sueldos y brinda libertad para administrarlos.

En papel, la 17 parece ser la ideal. En la práctica, gozo para determinados colectivos obreros; para otros, zozobra, inconformidad debido a la cuantía que llevan sus trabajadores a la cartera, en tiempos de magros salarios y de precios a la altura del mismísimo monte Everest.

Por un lado, el criterio de Carmen Rosa González, miembro del Secretariado Provincial de la CTC, de que la implementación de la nueva legislación nació torcida en Sancti Spíritus y, por el otro, el de Mileydi Peláez García, al frente del MTSS en el territorio, de que no resultó traumática.

Dicotomía sobre la mesa, reveladora de cuántos claroscuros muestra la aplicación de la 17 en la provincia, que reportó un rostro nada arrugado en el gasto de salario por peso de valor agregado bruto en el 2014; aunque nueve entidades —en su mayoría de la Agricultura y subordinadas al Consejo de Administración Provincial (CAP)— sí deterioraron dicho indicador y debieron pagar, en total, 5 119 900 pesos sin respaldo productivo.

 

PASOS INICIALES:

EN FALSO Y EN FIRME

Si a Oliday Mujica Gutiérrez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca aquí, le vendan los ojos, es capaz de llegar, sin dar un traspié, hasta la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, luego de tantas idas y vueltas como consecuencia de los quebraderos de cabeza surgidos a raíz de la introducción allí de la norma a partir de junio del pasado año; el reverso de la moneda ha sido la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescaspir).

Tanto la dirigente obrera como los administrativos de la industria láctea entrevistados coinciden en una opinión: la premura jugó una mala pasada a la hora de implementar la 17, aprobada en abril del año anterior y en vigor a partir del mes siguiente. No obstante ello, al decir de la dirección del MTSS en Sancti Spíritus no se les dio un ultimátum a las entidades para que todas obraran inmediatamente, incluso, algunas se incorporaron al final del año y otras no lo hicieron por ausencia de condiciones de naturaleza diversa. Donde traicionó la improvisación —como en la Empresa Agropecuaria Ramón Ponciano, de Fomento—, llegó el bandazo.

Al cierre del 2014, la mayoría de las empresas de carácter nacional, de 48 radicadas en la provincia, hicieron suyo el documento, y 19 de subordinación local, de 29 existentes.

¿El equipo administrativo de Acopio estaba preparado para implementar la 17?

“No estábamos preparados, a pesar de que hubo seminarios, intercambios…”, esclarece Víctor Santos Melián, director de la Empresa Provincial de Acopio.

Sin embargo, esas carencias —a ojos vista, igualmente, en la entidad láctea— condujeron en “muchos lugares” a una incorrecta interpretación de la norma, que jerarquiza el pago por resultados, en opinión de Carmen Rosa González.

En el día a día, si bien la dirigente sindical ha encontrado más de un sistema de pago diseñado con todas las de la ley, en otros casos no les ha dado el visto bueno ante los visibles deslices. “No todos los empresarios, las áreas de Recursos Humanos y las Económicas estaban capacitados para enfrentar algunas de estas cuestiones. Hay quienes no habían puesto ni el plan de mantenimiento, como Conservas y Vegetales, porque lo que quieren es ganar y ganar”.

¿El sindicato ha sido un cero a la izquierda en todo el proceso?

“En donde ha pasado eso —alega Carmen Rosa González— es porque lo han permitido. El sistema de pago tiene que estar firmado por el sindicato; a veces nuestros dirigentes lo hacen sin darse cuenta de que están condenando a sus propios trabajadores. Nuestros dirigentes deben ser más capaces; ¿un ejemplo positivo?, Pescaspir; allí, además, hay buenas discusiones de los planes”.

Sin desconocer las secuelas de la celeridad en la aplicación de la 17 en ciertas entidades y las lagunas en su interpretación, otro factor escamoteó su impacto más favorable al término del año anterior: comenzó a implementarse cuando ya los planes técnico-económicos hacía rato estaban con el cuño sobre el lomo, en menoscabo de la propia letra de la resolución, donde se consigna que la forma de pago por rendimiento se aprueba anualmente durante el proceso de elaboración del plan. No se precisa de un doctorado en Ciencias Económicas para comprender el efecto dominó que ocasiona implantar un nuevo sistema de pago cuando usted tiene su “muñeco” armado.

 

CONTRASTES EN EL BOSILLO

— ¿Cuánto cobré? Para muchos trabajadores, la pregunta simplifica toda la Resolución No.17, cuyo trasfondo son los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución cubana, algunos de los cuales conceden más autonomía a las empresas, apuntalada hoy por otras normas jurídicas dirigidas a flexibilizar y mejorar su gestión.

Al finalizar el 2014 —según estadísticas del MTSS en Sancti Spíritus—, en el sistema empresarial la productividad por el valor agregado bruto se sobrecumplió en el 22 por ciento por trabajador; en tanto el salario medio mensual ascendió 649.59 pesos. Por su parte, en las entidades de subordinación al CAP el primer indicador reportó el 21 por ciento de sobregiro y el segundo registró 451.58 pesos, también por encima de lo pronosticado.

Cifras sublimes en lo macroeconómico; incluso en los bolsillos individuales de un chofer de la industria, que transporta personal del central Melanio Hernández, que cobra hasta 2 000 pesos, posible gracias a los ingresos y a la eficiencia del ingenio.

Cifras sublimes en lo macroeconómico, no en los bolsillos de los colectivos obreros que vieron penalizada su mensualidad en una o más oportunidades y, en consecuencia, devengaron apenas 225 pesos al deteriorar el gasto de salario por valor agregado bruto planificado en sus centros laborales.

En esa cuerda de análisis se vuelven recurrentes, entre otras, Cemento Siguaney y las empresas de Acopio, Agropecuaria Ramón Ponciano y de Productos Lácteos, donde —en este último caso— para colmo de males en un mes no se abonaron inicialmente los 225 pesos (límite del salario mínimo del país) establecidos por la 17 y guerreados por la representación obrera.

— ¿Cómo usted se las arregla para salir a flote?, indagamos con Carlos Díaz, operario de la línea de yogur de soya, quien guarda sus comprobantes de cobro bajo mil llaves en la camisa.

—Gracias a mi mujer; ella es cuentapropista.

Este obrero y otros encuestados Pasteurizadora adentro, entre ellos Marisol Figueroa, se preguntan por qué sobre su economía familiar deben recaer las secuelas de la carencia frecuente de materias primas importadas y de la tecnología de tiempos prehispánicos de su industria. “¿Qué culpa tengo yo de eso?”, inquiere y se disculpa luego, para no perder un minuto más; hoy la línea de queso crema está funcionando.

Evidentemente, nadie —vale ser absoluto esta vez— quisiera verse en el pellejo de dichos trabajadores, cuyo salario depende, en buena medida, de elementos externos.

 

DISEÑO A LA MEDIDA

“La 17 es un traje a la medida. Tú diseñas los sistemas de pago de acuerdo con las características de la empresa”, alega Miguel Piñero Martínez, al frente de Capital Humano de Pescaspir, donde la aplicación de la norma ha navegado con mínimo de oleaje en contra, debido a la calificación y las decisiones colegiadas entre Recursos Humanos, Economía, Producción y la dirección general.

Las nóminas eclipsan la menor duda: el salario promedio mensual aumentó a 874 pesos al terminar el 2014 —236 más en relación con el 2013—, sustentado en la tendencia creciente de la productividad.

A ello se suma una correlación en lo devengado favorable a los pescadores con respecto a los trabajadores indirectos, tema muy polémico en Acopio y el Lácteo, cuando empezaron a implementar la 17, por beneficiar desmesuradamente al personal indirecto, hecho inmoral a juicio de la dirección del movimiento obrero en la provincia y opinión suscrita por este reportero.

“Ese desequilibrio se revisó de inmediato. Fue una mala interpretación de la resolución por nuestros técnicos y especialistas”, sostiene el director de Acopio.

—Víctor, ¿usted se exime de responsabilidad?

—No; el primer culpable soy yo.

Si bien es cierto que al director le asiste la facultad de aprobar el o los sistemas de pago, al sindicato le corresponde intervenir y propiciar la participación de los trabajadores en el diseño de estos a cada nivel; sin embargo, la praxis —las más completa de las enciclopedias— recoge que en determinadas entidades su liderazgo ha estado en falta, inaudito si de salario se trata.

¿Cómo ha actuado la sección sindical ante las inquietudes de ustedes?, preguntó Escambray en una tertulia improvisada en una nave de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio Jatibonico.

Hombros encogidos; miradas entrecruzadas. “Hace casi tres años que no se da una asamblea sindical aquí”, comenta un afiliado. Nadie disiente. “¡Uh!”, exclamo discretamente.

 

TELÓN DE CIERRE

En la UEB Acopio Jatibonico, Eduardo, Neisy, Carmen, Leonel, Rafael, Zolia… están a punto de quedarse también sin voz como Mirtha; ello pudiera evitarse con mayor conocimiento sobre la susodicha norma a partir de una fluida información que debiera transmitir y viabilizar, ante todo, la propia dirección de la unidad, con lagunas, en tal sentido, confesadas a este semanario.

Me llevo a la billetera según lo que aporte; así pudiera interpretarse la 17, a primera vista. Sin embargo, el entramado resulta más complejo: cada centavo individual a cobrar pasa por el tamiz de la eficiencia de la empresa y, en específico, del gasto de salario por peso de valor agregado bruto, indicador clave que se torna jeroglífico para muchos trabajadores.

La exhortación a fomentar la cultura económica, que satura discursos de ocasión, debe ceder espacio, como, igualmente, la formalidad que ha parasitado por tanto tiempo la discusión de los planes técnico-económicos en no pocos colectivos laborales.

Demasiadas letras quedaron en el tintero en esta mirada a la aplicación de la Resolución No. 17, que otorga la potestad a cada empresa para decidir la cuantía del salario a distribuir a partir de los resultados; por ello, usted no debe asombrarse si escucha que dos choferes de diferentes entidades, con igual calificación y manejando un carro de idéntica marca, ganen sueldos dispares.

Otra interrogante escolta la aprobación de la 17: ¿qué pasará con el llamado sector presupuestado, que no fabrica zapatos ni siembra frijoles…? A inicios de año, el MTSS aseguraba a la prensa nacional que esta no constituye la única norma que regula el salario en el país; la básica es la 116 Código de Trabajo y su reglamento. Existen más que estarán vigentes hasta el momento en que sean aprobadas otras en proceso de elaboración.

A tenor de la propia fuente, Cuba dispone, por ejemplo, de una política salarial que benefició a miles de trabajadores del sector de la Salud y se irá implementando según las prioridades fijadas por el Gobierno y, claro, de acuerdo con las posibilidades económicas. Por ello, usted tampoco debe asombrarse si en este minuto una secretaria de un central —cuyo oficio no cuestionamos— ha devengado 1 500 pesos, y un reconocido maestro, 715. Esa trama en nada se asemeja a la telenovela brasileña de turno Dos Caras.