Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Pese al monto multimillonario que recibe anualmente, el departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. posee un sistema defectuoso para desarrollar los procesos de deportación de indocumentados.
El informe del Inspector General de esa instancia, realizado sobre la base de una auditoría, indicó que el DHS «no recaba y analiza los datos sobre el uso de la discreción procesal para evaluar plenamente sus actividades migratorias actuales y para desarrollar una futura política».
Según el documento, la oficina de Política del DHS, responsable de desarrollar las políticas y programas de la agencia, no ha tenido hasta ahora la obligación de llevar una cuenta exacta sobre el uso del mecanismo que permite o no iniciar un proceso de deportación contra una persona sin documentación.
Las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) registraron el año pasado unos 12 mil 700 casos en que dejaron en libertad a indocumentados que no eran una prioridad de deportación.
Según cálculos del DHS, en febrero de 2014 existían cerca de 11,5 millones de personas indocumentadas, factibles de deportación,
El uso de la «discreción procesal» que las agencias federales ha tenido siempre, ha adquirido un mayor cariz político desde que el presidente Barack Obama anunció en noviembre pasado alivios migratorios para proteger de la deportación a unos cinco millones de personas sin papeles.
La acción del gobernante estuvo motivada por la persiste inacción de la bancada republicana, mayoría en ambas cámaras del Congreso, reacia a adoptar una reforma integral de las leyes de inmigración y naturalización,
El 16 de febrero, el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, decidió congelar las órdenes de Obama mientras otorgó tiempo a una coalición de 26 estados de la Unión para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones.
El tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans, estado de Louisiana, debe pronunciarse sobre una demanda interpuesta por la Casa Blanca, y apoyada por más de una docena de estados, que pide al tribunal anular el fallo del juez Hanen.
Recientemente Hillary Clinton, candidata a obtener la nominación demócrata a los comicios presidenciales de 2016, se mostró partidaria de respaldar una iniciativa que garantice la ciudadanía a los millones de indocumentados.
Durante un acto la semana pasada en Rancho High School, en Las Vegas, Nevada, donde la mayoría de los niños tienen padres que enfrentan la amenaza de deportación, la exsecretaria de Estado abogó por arreglar, finalmente, el sistema de inmigración.
Apoyó las acciones ejecutivas de Obama en este sentido y consideró «una tontería» pensar que el gobierno podría deportar a los 11 millones de personas que viven ilegales Estados Unidos.
Asimismo criticó duramente a los candidatos presidenciales republicanos que están a favor de conceder el estatuto jurídico a algunos inmigrantes indocumentados, pero se oponen a la ciudadanía.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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