FARC-EP y Gobierno firman en Cuba histórico acuerdo para la paz en Colombia (+Fotos)

Relacionados

Presidente de Cuba repudia bloqueo genocida de Estados Unidos y exige paz

Presentes Raúl y Díaz-Canel en sesión final del Parlamento cubano (+fotos y post)

Dialogan Raúl y Díaz-Canel con Los Cinco

Las FARC-EP y el Gobierno colombiano revelaron importantes acuerdos sobre Jurisdicción Especial para la Paz alcanzados por sus delegaciones en los diálogos que sostienen en La Habana desde 2012.

En un histórico encuentro sostenido entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, se anunció que se llegará a un convenio de paz “a más tardar en seis meses”, al firmar un acuerdo sobre “justicia transicional” aplicado a todos aquellos involucrados en el conflicto armado.

En la cita, presidida además por el mandatario cubano Raúl Castro Ruz se firmó un Comunicado Conjunto que establece crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.

El comunicado conjunto de las FARC-EP y el Gobierno de Santos, leído en la Ceremonia por los garantes de Cuba y Noruega, prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo.

En ese sentido, acordaron que el Estado otorgará “la amnistía mas amplia posible por delitos políticos y conexos”, pero excluyendo los delitos de lesa humanidad  como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras”.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cinco años y un máximo de ocho “de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”; mientras que quienes admitan su responsabilidad “de manera tardía” cumplirán penas de entre 5 y 8 años en “condiciones ordinarias”.

“Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad”, aclara el comunicado.

Aquellos que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, serán condenados a penas de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Santos, en una breve alocución luego de la firma del documento por las partes, aseguró que se alcanzó un logro mayor, en el que se comprende la mayor satisfacción posible para las víctimas del conflicto colombiano.

Además, reconoció el paso que ha dado las FARC, aludiendo que junto al Gobierno avanza en el camino más noble que puede tener cualquier nación, que es el de garantizar la paz.

“Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. El Jefe de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. El 23 de marzo de 2016 será la fecha límite para terminar el conflicto”, recalcó Santos.

Por su parte, Timoleón Jiménez mostró su satisfacción por los términos del acuerdo, que satisface a todos los involucrados en el conflicto, sobre bases restaurativas y no punitivas, que ayude a la reconstrucción de la sociedad colombiana.

“Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa abre las posibilidades de  ofrecer verdades halladas y plena”, sentenció el líder de las FARC-EP.

Así mismo se dio a conocer que luego de la rúbrica del acuerdo final se dispondrán de 60 días para hacer dejación de las armas.

Ambas partes agradecieron al gobierno de Cuba, por su compromiso con la paz de Colombia, a Noruega, como garante, a Venezuela y Chile, “como países acompañantes” y a otros actores en el proceso durante los últimos tres años.

“Quiero agradecer al presidente Raúl Castro, al gobierno de Cuba por su magnífica hospitalidad y sobre todo por su compromiso por la paz de Colombia”, agregó el presidente colombiano.

También hizo uso de la palabra el presidente cubano Raúl Castro, quien felicitó a las partes por los acuerdos logrados, los cuales calificó de importantes pasos de avance para lograr la paz que “anhela y merece el pueblo” de Colombia.

“Aun quedan dificultades enormes por superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. La paz en Colombia no solo es posible; es indispensable”, dijo Raúl, y aseguró que Cuba continuará siendo garante del diálogo entre las FARC-EP y el Gobierno.

Participaron además en el encuentro Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba; los garantes de Cuba y Noruega para el proceso de paz, así como los representantes por Venezuela y Chile quienes fungen como países acompañantes.

Este es el cuarto acuerdo que se alcanza en la capital cubana de una agenda de seis puntos que se discute desde el 19 de noviembre del 2012. Ya han sido finiquitados los temas de solución al problema de la tierra, drogas ilícitas y participación política.

Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.  Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprom
   eta a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.