Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Sitios históricos que marcan acontecimientos de relevancia nacional solo tienen contacto con humanos de quinquenio en quinquenio, por aquello del acto que vendrá
La misiva de un ciudadano alarmado por el mal estado de lo que él llama un monumento a José Martí, erigido hace ya 100 años en pleno centro de Jatibonico, ha puesto en nuestras manos un asunto complejo.
Un busto sucio, despintado y con facciones que desdicen del prócer al que intenta recordar puede hallarse en decenas de lugares de esta provincia. Lo mismo la tarja ilegible que el obelisco hundido en los marabuzales o preso de la depredación son también realidades cotidianas, aunque evoquen sucesos de hondo significado patriótico. No lo afirma Escambray, lo dicen los más conocedores de la Historia en predios del Yayabo.
Quien tenga dudas, que vaya al obelisco próximo a Planta Cantú por donde pasó el Che, cuya inscripción con letras de bronce a relieve ya no puede leerse, porque las mismas fueron sustraídas. O que intente seguir la ruta del guerrillero cubano-argentino por territorio de La Sierpe, parcialmente sumergida en las aguas de los arrozales, mientras la suerte de las marcas fundidas en concreto que yacen en el fondo flota en el limbo de la indecisión desde hace varios años.
El problema se ha arrastrado por décadas. Ciertas cruzadas, como la realizada en el año 2011, colocaron el desmedro en el punto de mira de las máximas autoridades del territorio que promovieron el contacto directo con todas o casi todas las construcciones conmemorativas de sucesos históricos o en honor a los mártires protagonistas de esos hechos.
Las prolijas descripciones de entonces daban cuenta de manchas en la historia. Algunas se enmendaron, mas la tendencia prevalece: ciertos sitios que marcan acontecimientos de relevancia nacional solo tienen contacto con humanos de quinquenio en quinquenio, por aquello del acto que vendrá.
Valoraciones de especialistas de la Oficina de Asuntos Históricos del Comité Provincial del Partido apuntan a la falta de sistematicidad, control y exigencia desde la Comisión Provincial de Monumentos hasta sus homólogas municipales, donde los análisis de situaciones y la adopción de medidas concretas no suelen signar la rutina. Hay sitios —cuentan— que, como la finca La Cueva, próxima a Tunas de Zaza, escenario del primer alzamiento de la guerra de 1895, no los visita nadie. Una centuria después allí se colocó una tarja y se celebró una ceremonia, pero luego quedó sumido en el olvido. La idea de recurrir a las organizaciones de masas y entidades estatales para el cuidado de construcciones, sitios y objetos patrimoniales, instituida en el Decreto Ley No. 55 Reglamento para la Ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales y Locales, ha pasado de complemento a justificación para guardianes que se desentienden. “La ley estipula y aclara bien que las entidades responsabilizadas con esas construcciones conmemorativas están en dependencia de su lugar de emplazamiento. Puede ser una empresa, una granja, una escuela, el que tenga la propiedad de ese lugar es quien tiene la responsabilidad material de ejecutar todo lo relativo a la conservación y el mantenimiento”, sostiene el arquitecto Roberto Vitlloch Fernández, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos y a la vez director de la Oficina de Monumentos y Asuntos Históricos. Según Vitlloch, la comisión no dispone de estructura para un control al detalle en todo el territorio ni recibe el apoyo logístico que se requeriría.
Luego de hacer constar que las Comisiones Provinciales de Monumentos están adscritas a las direcciones sectoriales de Cultura de los Comités Ejecutivos de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y que se subordinan a la dirección técnica y metodológica del Ministerio de Cultura, la mencionada Ley, aprobada en 1977, recoge entre otras funciones:
“Corresponde a ellas adoptar las más estrictas medidas para la conservación de los Monumentos Nacionales y Locales de su territorio (…) así como controlar el mantenimiento de aquellas construcciones, sitios y objetos de valor local que no reúnan los requisitos para ser declarados Monumentos Locales”.
Paradójicamente, la dirección del Centro Provincial de Patrimonio reconoce las fallas en el papel rector que a ellos atañe en el asunto y aboga por una mejor organización y control de cada busto, tarja o placa conmemorativa.
Hay signos incluso más alarmantes, como la ausencia de un respaldo legal en lo tocante a la salvaguarda de toda la herencia histórica y cultural de que dispone el territorio, al no figurar ninguno de sus cientos de exponentes en el Registro Nacional de Bienes Culturales, ya que el Registro de Monumentos Nacionales y Locales espirituano está ahora mismo en blanco y sin personal para ocuparse de él.
Una especie de círculo vicioso agrava el panorama: en teoría la Comisión Provincial de Monumentos y sus delegaciones municipales deberían velar por el quehacer de la Oficina de Monumentos y Asuntos Históricos y del Centro de Patrimonio en general, tocante al tema. Si algunas piezas claves se repiten, ¿cómo garantizar que se haga bien?
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Escambray / ISSN 9664-1277
Es muy importante este tema