La filosofía del llega y pon

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Tímidamente al principio, como quien prueba fuerza, le fueron creciendo a las ciudades cubanas portales sobre las aceras, escalinatas que invaden con total desparpajo los parterres, organopónicos enteros detrás de los edificios multifamiliares, garajes privados en zonas comunes y un largo, larguísimo etcétera de violaciones a lo instituido en materia de ordenamiento territorial y urbano.

Y se percataron los infractores de que nada pasaba, que semejante rosario de ilegalidades crecía frente a las narices de todos como la verdolaga sin que se derribara ni un solo ladrillo —una multa, si acaso—, con lo cual el cáncer de la indisciplina derivó en una peligrosa metástasis: la impunidad, esa sensación que algunos tienen de estar por encima de lo legislado.

No lo digo yo, que apenas conozco las infracciones cometidas por los vecinos en mi reparto; lo reconocen los miles de ciudadanos que a lo largo y ancho de la isla denunciaron con vehemencia el problema en aquellas catarsis colectivas de 2011 que terminaron por conformar los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Hasta qué punto el fenómeno reptaba por las pantorrillas de la nación que el lineamiento 120 instaba —y todavía insta— a elevar la calidad y la jerarquía de los planes generales de ordenamiento y a rescatar la disciplina territorial y urbana.

Las causas de que la anarquía constructiva haya ganado terreno no son secreto de Estado: la falta de un sistema integrador de todos los factores involucrados, la carencia de una política coherente dirigida a frenar y eliminar las transgresiones, la desactualización de los instrumentos legales existentes y la incapacidad de los cuerpos de inspectores para contener este boom han conspirado durante décadas contra la fisonomía de nuestras urbes, según reconoce tácitamente un informe elaborado por la comisión provincial de enfrentamiento a las ilegalidades territoriales y urbanísticas al que la prensa tuvo acceso.

Para que no quedara en la enunciación, que ninguna traba se resuelve con mencionarla hasta el cansancio, el gobierno trazó un plan de enfrentamiento a las ilegalidades de esta índole que incluye no solo la descripción pormenorizada del escenario actual —cuántas son y dónde están—, sino también un riguroso cronograma con plazos concretos para la erradicación de las construcciones ilícitas, tanto en el sector estatal como en el de las personas naturales. El Gobierno, debo aclarar, en todas sus estructuras: desde el Consejo de Ministros hasta el Consejo Popular.

En Sancti Spíritus, para no ir más lejos, en diciembre de 2012 se habían detectado 6 343 contravenciones a lo estipulado por la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF), desde las que pudiéramos calificar como más simples —balcones de edificios multifamiliares convertidos en cuartos y escaleras de caracol interrumpiendo el paso—, hasta las realmente complejas: viviendas enteras erigidas sin licencia alguna en zonas vedadas, ya sea por la carga contaminante que conspira contra la salud humana, la ausencia total de infraestructura o porque están previstas para otros usos.

Desde el levantamiento del 2012 hasta hoy, según declaraciones a Escambray de Ciro Rodríguez, subdirector de la DPPF, la situación ha cambiado ostensiblemente; tanto que se han logrado erradicar más ilegalidades de las previstas en los plazos iniciales, en cuestión de horas la provincia se declarará libre de infracciones territoriales y urbanísticas en zonas costeras y, por si fuera poco, a fines de año quedarán desmanteladas todas las violaciones bajo jurisdicción del Estado.

Visto así, pudiera parecer que todo marcha viento en popa por estos lares, siendo Sancti Spíritus como es la única provincia de Cuba que sobrecumple los planes de erradicación de este tipo de ilegalidades. Pero no solo de plan vive el hombre.

Basta con tocar a la puerta de quien levantó cuatro paredes sin el visto bueno de nadie para compartir sus angustias. Ciro Rodríguez las conoce bien porque ha recorrido a pie los siete barrios y 13 focos que actualmente existen en la provincia y hasta ha tomado café en alguna de las 172 viviendas que, según sus propias estadísticas, deberán ser demolidas sin remedio.

“Si las casas se construyeron sin la debida legalidad, pero no van en contra del Plan General de Ordenamiento Territorial Urbano aprobado para cada municipio, esos inmuebles pueden ser tramitados —sostiene Rodríguez—; lo duro es cuando esas viviendas están en lugares en que no pueden quedarse”.

En tal encrucijada se hallan inmuebles plantados, por ejemplo, en el Camino de Santa Cruz y el Callejón de la Ford, ambos en la cabecera provincial; en áreas demasiado cercanas a la fábrica de cemento de Siguaney, en Taguasco, o en la franja hidrorreguladora del río Jatibonico del Sur, en La Sierpe.

Lo peor es que no son dos ni tres, sino decenas de viviendas que no brotaron de la noche a la mañana. ¿Por qué no fueron detenidas en cimentación o, mejor aún, cuando la familia comenzaba a acopiar los materiales? ¿Cómo se permitió que invirtieran en sitios que —se sabía desde antes— no iban a legalizarles? Los inspectores, ¿hacia dónde estaban mirando?

Precisamente de esa pata cojea el sistema de erradicación de ilegalidades, por lo demás bastante engrasado: el cuerpo de inspectores no da abasto.

Los números esgrimidos por el subdirector de la DPPF y por Noel Carballo González, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende la esfera, ilustran la gravedad de la situación: de los 77 inspectores imprescindibles para tener al menos uno por consejo popular, apenas están trabajando 58, de lo cual se infiere que hay regiones enteras a la bartola. Lo extraño —ahora que lo pienso— es que en esos sitios no hubieran espigado cinco estrellas particulares.

A la verificación en el terreno atribuye Carballo González una importancia cardinal en el empeño de detener la proliferación de construcciones ilegales. “Siempre va a haber personas que intenten violar lo establecido —confiesa—, pero hay que enfrentarlas de forma inmediata; no esperar a que pase el tiempo porque después las situaciones se complican para las familias y para el Estado”.

Y se complican tanto que, una vez eliminadas todas las irregularidades en el sector estatal —ilógico hubiese sido comenzar por la ciudadanía—, no quedará más remedio que recurrir a lo que los propietarios de inmuebles afectados llaman el desalojo, un término tremendista con el que no concuerdan los miembros de la comisión integral de enfrentamiento.

“A esas personas con necesidades de vivienda que construyeron sabiendo que no podían hacerlo tampoco se les dirá: demuele y quédate en la calle —asevera Ciro Rodríguez—. Planificación Física ha identificado hacia qué lugares se pueden trasladar, pero todavía el país no ha definido cuál será el procedimiento para materializar sus casas”.

Y por “procedimiento” léanse asignación de subsidios, créditos bancarios o cualquier programa de esfuerzo propio, a juzgar por los insignificantes planes de construcción de viviendas que en Sancti Spíritus han quedado en manos del Gobierno. En 2015, apenas un centenar de inmuebles erigidos por esta vía en toda la provincia, acota Noel Carballo.

En algo sí parecen coincidir quienes invirtieron al garete y quienes ahora intentan enmendarlo: nadie construye en zonas de riesgo porque disfrute envenenarse de a poco, ni levanta cuatro paredes en medio de la nada si tuviera un apartamento donde vivir.

“Es un fenómeno complejo”, resume el subdirector provincial de Planificación Física; un fenómeno complejo que demanda flexibilidad para comprender las historias particulares de cada infractor y —acaso en la misma medida— energía suficiente para impedir que continúe creciendo como la verdolaga la preocupante anarquía del llega y pon.

( Comentario tomado del blog Cuba profunda)