La multa que no fue

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A José Blas Pérez Silva, especialista de la Agencia Medio Ambiente y Ayuda a la Navegación, perteneciente a la Empresa Geocuba Villa Clara-Sancti Spíritus, le asiste el don de la ubicuidad. Se le reveló el día 5 de agosto del 2014, cuando  se encontraba trabajando en Cayo Santa María y a la misma vez fue penalizado en Trinidad por comercializar ajíes y limones en un área no autorizada de la zona de monumento.

Sin embargo, de sus poderes “mágicos” comenzó a tener sospecha solo el 2 de octubre siguiente, luego de que un gestor de cobros lo instara, en su domicilio del espirituano Reparto 26 de Julio, a acudir a la oficina correspondiente y pagar el equivalente a 300.00 pesos. Era el precio por no haber liquidado la multa de 150.00 pesos emitida en la fecha antes señalada y de no hacer lo que le indicaban —aclaró el gestor— se le aplicaría el Artículo 170 del vigente Código Penal. En aquel momento Blas, como suelen llamarle sus amistades y conocidos, no tenía idea de cómo ni dónde había violado lo legislado, ya que nunca en su vida nadie le había notificado una multa.

A partir de entonces comenzó una odisea en la que él, a todas luces, parecía hablarles a las paredes o expresarse en un idioma extraño. Por más que explicaba, lo mismo en la Oficina de Multas de la ciudad de Sancti Spíritus que en la Oficina de Supervisión de Trinidad, adonde realizó múltiples llamadas telefónicas, y hasta en la Dirección Integral de Inspección y Supervisión (DIS) de la provincia parecían entenderle, pero la determinación era inamovible: en el comprobante rezaban todos sus datos personales y ni allá ni aquí tenían facultades para deshacer el entuerto. Expresada su negativa a pagar, le advirtieron que si no lo hacía sería demandado ante los tribunales. Su sugerencia de llamar a la carpeta del hotel donde se encontraba aquel día también cayó en el vacío. “Nuestra función es cobrar las multas, nosotros no tenemos que hacer esos trámites”, le espetaron.

Entonces se dedicó a procurar la factura del hotel donde se alojaba y la carta en la que su jefa daba fe de su presencia en el cayo el día del incidente. Al presentarlos en la Oficina de Multas de la cabecera provincial ofreció además varios teléfonos, por si quedasen dudas, pero tampoco eso conmovió a nadie: él debía viajar a Trinidad y aclarar las cosas por sí mismo.

El absurdo reclamo prevaleció incluso cuando fue develado el “pollo del arroz con pollo”: como verdadero responsable de los hechos que se le imputaban emergía un ciudadano nombrado José Pérez, vendedor ilegal con presencia asidua en áreas no aprobadas para el expendio de productos en la sureña villa y harto conocido allí. Al frente de la entidad trinitaria que lo multó, Laura Ramírez Pomares le soltó las alas a Blas a través del hilo telefónico: “Ese día las inspectoras le pidieron el carné y no lo tenía en su poder; cogieron su nombre, lo llevaron para la Policía, le hicieron la entrada a la base de datos en computadora y salió su nombre” (el de Blas). Luego, se las volvió a atar: “Insistió en todo momento en que yo debía presentarme ante la Policía de Trinidad, junto a las dos supervisoras, a denunciar al verdadero infractor”, expone él.

Cuando el 18 de octubre fue citado por el Tribunal Municipal de Sancti Spíritus para un juicio que se efectuaría el 24 del propio mes, por el delito de “incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones”, ya él había acudido a la Fiscalía Municipal en busca de asesoría y tenía pactada una entrevista en la instancia provincial, que en lo delante se ocupó de su caso y emitió, el pasado 13 de noviembre, una resolución por violación de la legalidad contra la DIS.

“Se ha probado que la infracción no fue notificada personalmente. En consecuencia la Fiscalía se pronuncia en aras de que la entidad adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad, resultado que será comunicado oportunamente”, rezaba el documento, pero todavía el pasado martes 13 de enero al afectado no le había sido notificada la resolución de la Oficina de Supervisión de Trinidad con la anulación de la multa.

José Blas Pérez Silva, no obstante, no es el único afectado con procederes burocráticos derivados del mal accionar de los cuerpos de supervisión e incluso de algunos agentes policiales. La fiscal provincial Blanca Alonso de León sostiene que situaciones similares resultan notoriamente frecuentes.

Según aduce, se han comprobado extravíos de carnés de identidad que son utilizados por personas interesadas en evadir los delitos o contravenciones en que incurren. “Ese no fue el caso de Blas, que, por cierto, se diferencia bastante de la persona que debió ser multada, hasta por el color de su piel”, aclara la fiscal. La propia DIS y el municipio de Trinidad emergen, de acuerdo con los datos aportados por ella, como organismo y municipio más implicados en este tipo de confusiones.

También suelen impugnarse, apunta, multas impuestas por la Policía Ferroviaria, ya que los verdaderos propietarios de los documentos a tenor de los cuales se notifica a infractores viajeros  a veces ni por asomo han montado en el tren.

Ante historias así cabe preguntarse: ¿es la foto un mero elemento decorativo en el carné de identidad? ¿No es al infractor a quien debe conducirse ante la Policía, de no portar el documento? ¿Quién le devuelve a José Blas el tiempo invertido en todo este proceso, las horas de actividad laboral y profesional no aprovechadas? ¿Quién paga por su desgaste físico y sicológico y por lo que él considera un atentado contra su prestigio como persona y militante del Partido? ¿Alguien va a responder por ello?