Ley sin ajustes

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Entre los pilares básicos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, actualmente en curso, debe figurar por lógica y sentido común la derogación de la Ley de Ajuste Cubano, la cual entró en vigor el 2 de noviembre de 1966 durante la administración de Lyndon B. Johnson.

 

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Para Washington debe estar claro que toda franquicia del camino hacia unas relaciones normales con nuestro país pasa por la modificación o eliminación del complejo andamiaje “legal” concebido para destruir la Revolución cubana, el cual empezó a afectarnos hace ya más de medio siglo, y que se fue ampliando con la introducción de otras leyes, decisiones ejecutivas, disposiciones administrativas y judiciales para adaptar y complementar la Ley de Ajuste, de manera de acrecentar su pernicioso alcance.

Sin embargo, en la primera ronda de conversaciones entre los dos países, efectuada hace pocos días en La Habana, la parte estadounidense se mostró reacia a eliminar ese engendro de la Guerra Fría o, cuando menos, a modificarlo para reducir su contenido ofensivo hacia la nación que ha sido víctima de sus arbitrariedades a lo largo de varias generaciones.

Por tal razón, para los cubanos, afectados por el bloqueo, resultó chocante escuchar la manera enfática en que el señor Edward Alex Lee, subsecretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció la decisión de mantener incólume la odiosa Ley, durante la conferencia de prensa que siguió a las conversaciones sobre temas migratorios entre los dos países.

Y esa mala impresión no logró mitigarse ni cuando Lee matizó sus palabras al expresar que “el hecho de que las conversaciones hayan sido productivas y en espíritu de colaboración prueba que, a pesar de las diferencias, EE.UU. y Cuba pueden encontrar oportunidades para seguir trabajando en temas de interés mutuo, así como seguir un diálogo respetuoso y profundo”.

¿Cómo puede el cubano común entenderse esa supuesta buena voluntad del lado estadounidense si hasta ahora se muestra insensible ante una legislación sin iguales en el mundo que privilegia al emigrante cubano sobre los de otras nacionalidades, y que ha sido factor de desestabilización, tráfico de personas, incontables muertes por ahogamiento, secuestros, asesinatos, robo de cerebros, injusta apropiación de aeronaves y embarcaciones nuestras, entre una larga lista de perjuicios?

Pero hay más. Resulta difícil de entender que si Washington no hace concesiones en este tema, pretenda, como reconoció el propio funcionario, que Cuba acepte de buena gana el regreso a la isla de quienes, habiendo llegado a los EE.UU. estimulados y buscando el amparo de la Ley de Ajuste, hoy sean categorizados como “excluibles” por su comportamiento delincuencial en ese país.

Además dicha ley entra en contradicción con la legislación adoptada a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y las leyes y medidas que sancionan la emigración ilegal y disponen la repatriación forzada de los indocumentados que residen en la nación norteña, los cuales suman 12 millones de personas.

Si como se arguye en los fundamentos de la citada reglamentación, esta se concibió en el espíritu de dar protección a los cubanos que escapaban del comunismo, y por tanto clasificaban como perseguidos políticos, hace ya mucho que no funcionan más tales socorridos pretextos porque, según un artículo aparecido en la propia prensa estadounidense, “el exilio cubano es el único que pasa sus vacaciones en el país que supuestamente lo persigue”.

Especialistas opinan que la aprobación en Cuba de la nueva ley migratoria que entró en vigor el 14 de enero del 2013 acabó de socavar los débiles y controversiales argumentos en que se sustenta la Ley de Ajuste, y que a partir de entonces, ese engendro asesino devino también totalmente obsoleto y contraproducente.

Según estadísticas recientes, la mayoría aplastante de los emigrados cubanos de las nuevas generaciones que se acogen a esta ley inician gestiones para visitar cuanto antes su patria y mantienen relaciones normales con sus familias en la isla. Esta práctica generalizada ha molestado a “los duros” del exilio y generado un fuerte debate que ya llega al Congreso de USA.

Un análisis cuidadoso de sus fundamentos legales, políticos, y ético-morales demuestra que cualquier normalización de relaciones entre los dos países debería pasar primero por la supresión de lo que constituye pérfida reliquia de la Guerra Fría.