Así manifestó la Ministra de Justicia en Sancti Spíritus, lugar donde convocó a incrementar la capacitación y la profesionalidad de los juristas a fin de elevar la calidad de los servicios legales
En una isla que reacomoda su modelo económico, y por ende, su entramado social, revitalizar el cuerpo legal existente no es una opción, es una necesidad. De ahí que ante tales exigencias otra vez se insista en elevar la profesionalidad y el conocimiento de los juristas, a la par de contribuir a una mayor cultura jurídica de la población cubana.
“Somos servidores públicos. Nuestra razón de ser es que la población venga a resolver los problemas jurídicos o de otra índole”, declaró en Sancti Spíritus María Esther Reus, ministra de Justicia en la isla, durante una reunión de trabajo donde se pasó revista a los resultados del sector espirituano durante el año precedente.
Ante las nuevas legislaciones aprobadas en la nación —desde la compraventa de autos y casas hasta los viajes al exterior— se ha disparado no pocos trámites en las instalaciones jurídicas de la provincia, lo cual ha conllevado también a agilizar la digitalización de varios de los documentos que se expiden a fin de elevar la calidad en la prestación de los servicios.
En tal sentido solo restan por automatizar tres registros del estado civil —23 cuentan con la tecnología y la conectividad necesaria— para insertarse al SIREC, novedoso sistema de digitalización de las certificaciones expedidas en estos centros. No obstante, durante el pasado año se logro computarizar más de 89 000 de los folios existentes en los archivos de dichas instalaciones.
“El futuro del Registro del Estado Civil es la informatización. Los libros no soportan el paso del tiempo, la información jurídica de Cuba no puede ser a papel y lápiz”, apuntó la titular del Ministerio de Justicia de la isla.
Entre los trámites que más han avanzado en el territorio se haya la inscripción de inmuebles estatales en el Registro de la Propiedad, pues de un plan previsto de 4 613 locales, durante el año precedente se lograron legalizar más de 5 300 inmuebles.
A tono con la apertura de la economía en el sector no estatal, en el 2014 en la provincia se inscribieron en el registro mercantil cinco cooperativas no agropecuarias y actualmente se cuenta con ocho instituciones de este tipo legalizadas.
No obstante la asesoría jurídica sigue siendo una deuda no solo en el territorio espirituano, donde hoy muchas de las empresas —sobre todo las subordinadas a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños— soslayan la necesidad de este respaldo legal especializado.
“El Ministerio de Justicia tiene proyecciones de trabajo concentradas en el perfeccionamiento de los registros públicos, del asesoramiento jurídico y en el logro de una mayor capacitación a nuestros profesionales y de una mayor divulgación para contribuir a la información jurídica que es un reto, solo así se logra que los servicios tengan la calidad que nuestro pueblo merece”, afirmó María Esther Reus.
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