Menores en la noche

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La responsabilidad del Estado y la familia con los niños y adolescentes en la Cuba de hoy es un asunto que amerita profundos replanteos

(Por: Pedro de Jesús López Acosta*)

En 1985, cuando tenía yo 15 años, ni mis padres ni los de mis coetáneos hubieran permitido que anduviésemos solos y en la noche por el pueblo. Tres decenios después es muy común ver, incluso en la madrugada, a menores de edad por calles y espacios públicos. Aunque sucede en toda Cuba y ha recibido críticas negativas de la prensa nacional en varias ocasiones, la situación persiste.

Que a raíz del Período Especial la vida económica del país se hiciera más difícil y algunas costumbres y preceptos morales demasiado rígidos se flexibilizaran a tenor de esa circunstancia no significa que el Estado y la familia hayan dejado de tener obligaciones ineludibles con el adecuado desarrollo de ciudadanos tan vulnerables como niños y adolescentes.

De hecho, el Código de la Familia y el Código de la Niñez y la Juventud refrendan esas responsabilidades, y ambos documentos, en su carácter de leyes, mantienen pleno vigor.

Explicita el Código de la Familia en su artículo 85 que los padres de los menores de edad tienen el deber no solo de facilitarles techo, vestimenta y comida, sino también de “proporcionarles los medios recreativos propios para su edad que estén dentro de sus posibilidades; darles la debida protección; velar por su buena conducta y cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación medioambiental que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación y desarrollo”.

¿Resulta propio para la edad que, sin compañía de un familiar responsable, niños y adolescentes menores* deambulen a altas horas de la noche por calles y parques (lugares oscuros muchas veces) o bailen, con conocidos y desconocidos (no importa siquiera si son adultos), en las penumbras de una discoteca? Cuando los padres admiten y alientan esas salidas nocturnas altamente peligrosas, ¿ofrecen a los hijos la debida protección?

Y esto sin contar que algunos menores, sacando partido de la noche y de la ausencia de sus progenitores, fuman e ingieren bebidas alcohólicas, maltratan la propiedad social, vociferan palabrotas, riñen o tienen relaciones sexuales en sitios apartados e inseguros. Si la familia deja solos y en tales circunstancias a sus retoños, ¿puede velar por su buena conducta?, ¿acaso no es ella misma, con su actitud acomodaticia y negligente, la que propicia hechos como los referidos, que influyen desfavorablemente en la formación y desarrollo de los hijos?

En efecto, la familia es la máxima responsable. Pero compete a las instituciones estatales encargadas del orden público y la administración de la justicia asegurarse de que la ley no sea letra muerta.

El Código Penal, en su artículo 315.1, prevé sanciones de privación de libertad, multas o ambas a quien “no atienda o descuide la educación, manutención o asistencia de una persona menor de edad que tenga bajo su potestad o guarda y cuidado”. Sin embargo, en el Acuerdo 92 del 21 de abril de 1981, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular puntualiza que solo “las manifestaciones más graves del incumplimiento de esos deberes pudieran integrar delito”, es decir, “cuando constituyan un abandono real y constante, con relevante trascendencia en las condiciones de desamparo moral y material de los hijos menores”.

Por lo tanto, consentir que los menores hagan vida pública nocturna sin compañía familiar adulta no resulta, en sí mismo, un acto punible. Sin embargo, los riesgos y peligros potencialmente derivados del hecho se mantienen: las autoridades gubernamentales, las organizaciones políticas y de masas, y sobre todo —insisto— la familia, la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía, no pueden, simplemente, volver la cara.

Es cierto que a niños y adolescentes les asiste el derecho a recrearse; y, según el Código de la Niñez y la Juventud, “los organismos del Estado garantizan la utilización permanente de las instalaciones apropiadas para realizar actividades culturales, deportivas y recreativas”.

En ese documento legal (que data de 1978) se hace un deslinde entre las funciones, en relación con la niñez y la juventud, de los organismos estatales de la cultura (artículos 83-86) y las de los organismos estatales responsabilizados con los deportes, la educación física y la recreación (artículos 93-100). A los primeros se les encarga, básicamente, la asesoría técnica, ideológica y promocional de los jóvenes escritores y artistas y del movimiento de aficionados. A los segundos se les da, entre otras, la misión de prestar especial atención al desarrollo de las actividades recreativas de niños y jóvenes y de apoyar las iniciativas que en este sentido llevan a cabo las organizaciones políticas, sociales y de masas.

Aparte del Inder —implícito en la formulación verbal de la ley—, se mencionan como instituciones que deben garantizar la recreación de niños y adolescentes los campamentos de pioneros, los clubes juveniles, las instalaciones del turismo y los llamados planes vacacionales. Asimismo, el artículo 116 deja establecido que: “El Estado asigna un presupuesto anual a las organizaciones juveniles y pioneril para sufragar los gastos originados por sus actividades políticas, culturales, deportivas, recreativas, investigativas y de otra índole”.

Campamentos de pioneros, clubes juveniles, instalaciones de turismo, planes vacacionales, actividades recreativas originadas por las organizaciones juveniles y pioneril… La mayoría de esas opciones, por razones no solo económicas, desaparecieron o tienen alcance muy restringido en la Cuba actual. De manera que, una y otra vez, se escucha en intervenciones públicas de funcionarios gubernamentales que las instituciones culturales de los territorios —las casas de cultura, sobre todo— deben apoyar o asumir la satisfacción de las necesidades recreativas de la población, apelando al talento artístico de la localidad, tanto aficionado como profesional.

En primer lugar, se tergiversa la misión con que fueron creadas las casas de cultura cuando se las pretende convertir en sostén de las actividades meramente recreativas de una localidad, para paliar o suplir la ineficacia o la ausencia de las instituciones que históricamente se diseñaron con tal fin.

En segundo lugar, esa pretensión constituye una gran falacia: se sabe que, al menos en buena parte del país, la fuerza técnica y la logística imprescindible para trabajar en las casas de cultura están deprimidas hace años, al igual que el movimiento de artistas aficionados. (Hablo de la regla, y presupongo las excepciones, las cuales desconozco.)

Por otra parte, ¿cuántos municipios, por ejemplo de la provincia de Sancti Spíritus, cuentan con un caudal de artistas profesionales numeroso, variado y de auténtica calidad —en lo fundamental de artes espectaculares como la danza, la música y el teatro— que posibilite, con la sistematicidad requerida, idear y ejecutar propuestas recreativas cultas y, a la vez, de impacto masivo? ¿Hay dinero suficiente en las arcas estatales para la remuneración de los artistas y el sustento regular de tales propuestas?

Aunque este asunto pareciera leña para otra hoguera, es parte del mismo fuego o, mejor dicho, de la misma candela. Porque, con tamañas carencias y limitaciones, ¿cómo encarar en los municipios la recreación para niños y adolescentes desde las instituciones culturales?

Una idea tentadora, sobre todo para los propios niños y adolescentes, sería abrirles discotecas exclusivas, a la usanza de las que funcionan para jóvenes y adultos. Es tan brillante la idea sobre el papel que apenas resisto el impulso de añadir detalles: serían centros pertenecientes a la Empresa de Comercio y Gastronomía que cerrarían siempre antes de las doce de la noche y en los cuales se velaría por la iluminación adecuada y la selección atinada de la música, se prohibirían las bebidas alcohólicas, los cigarros y la entrada de personas mayores de 16 años… Incluso instructores de arte, educadores y promotores de salud, así como promotores culturales del municipio, podrían sumarse al empeño y, entre reguetón y música house, realizarían acciones de apreciación artística o sobre el uso correcto del condón o relativas a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Muy bien. Perfecto. Magnífico… Pero, a riesgo de parecer conservador, pregunto: ¿y los padres van a estar esperándolos afuera? Si hasta ahora los han dejado salir y regresar solos en medio de la noche o la madrugada, ¿se obrará un milagro?, ¿se habrá resuelto el problema? ¿Acaso muchos de los menores no saldrán de esa discoteca para colarse en la otra, la de los mayores?

Volvemos al comienzo. Y, como al comienzo, sostengo que es obligación de la familia proteger la integridad física, moral y espiritual de niños y adolescentes. Y es deber de la PNR y la Fiscalía hacer que esas responsabilidades se cumplan. Porque puede no haber transporte, el salario puede no alcanzar para los gastos mínimos de una casa… pero, ¿vamos a dejar que nuestros niños y adolescentes, los constructores, los maestros, los policías de mañana se pierdan?

Es este un asunto de enorme trascendencia cívica que no deberíamos soslayar ni enfrentar con ligereza.

 *Se especifica adolescentes menores, porque, según la Unicef, los adolescentes están comprendidos entre los 14 y los 18 años, y en Cuba la mayoría de edad se alcanza a los 16.

 *Narrador, poeta y ensayista. Premio Alejo Carpentier 2006 y 2014