Si hace algo más de un año alguien le hubiera explicado a Gladys Nápoles, vecina del Camino de La Habana, que entubar la vieja cañada no era tan fácil porque faltaba financiamiento, y al mismo tiempo los organismos involucrados hubieran sido eficaces a la hora de solucionar su problema y el de la casa vecina, ella no habría tenido que desgastarse con misivas escritas repetidamente a varias instancias de Gobierno y a este semanario.
Como el suyo, suman cerca de 2 500 los casos atendidos por las Oficinas de Atención a la población de las Asambleas del Poder Popular en busca de solución a una dificultad que afecta su cotidianidad o, al menos, una explicación convincente.
Velar por la implementación de las causas que generan inquietudes de la población y una mejor calidad de las respuestas que reciben los ciudadanos, en palabras, debe ser la prioridad de cualquier organismo cuando recibe una queja; los hechos dicen que, aun cuando se aprecian discretos avances en el seguimiento a cada situación, se acumulan las deficiencias en la atención y los reclamos del pueblo.
Durante los últimos seis meses se han atendido por parte de las oficinas encargadas en las estructuras de Gobierno un total de 2 500 casos, los que están clasificados en 1 174 quejas, y 1 251 solicitudes, casi el 50 por ciento de los casos, mientras que el resto son denuncias y sugerencias.
A juicio de Rosa Esther Gutiérrez García, al frente de la Oficina Provincial de Atención a la Población, existe una discreta mejoría en relación con etapas anteriores ya que disminuye el número de quejas y de asuntos enviados a los organismos nacionales. Sin embargo, a pesar de lo reiterado del tema y de la incidencia que en la calidad de vida de muchas personas, todavía la cadena de dificultades va más allá que cualquier avance.
La Vivienda resulta ser el sector más cuestionado, sobre todo en lo que tiene que ver con solicitud de inmuebles, materiales de construcción e inconformidad con el otorgamiento de subsidios y solares. A ello se agregan las insatisfacciones con el trabajo de las comisiones para la asignación del servicio telefónico en los municipios de Jatibonico, Taguasco, Cabaiguán, Trinidad y Sancti Spíritus, así como el abasto de agua en pipas a la población en Yaguajay, Jatibonico, Taguasco y Trinidad.
Las cifras que hablan de más de una treintena de denuncias de violaciones, desvíos de recursos, abuso del poder, corrupción y actuar inadecuado de los directivos preocupan. Valdría la pena insistir en que se controlen e investiguen con más seriedad las quejas y acusaciones relacionadas con el actuar de cuadros, directivos y funcionarios del sistema del Poder Popular, y a su vez se adopten medidas.
Se sabe que quienes se presentan a las instancias superiores buscan una solución porque no están conformes con la respuesta que han recibido en otras instancias, y también se da el caso de que son atendidos con todas las de la ley, pero no resuelven sus problemas y entonces se sienten víctimas del peloteo.
Los más escépticos piensan que la mayoría de las personas detrás de un buró no tiene cultura de atención, pero esta tarea también enfrenta contratiempos que van desde falta de gestión y constancia en el personal hasta la necesidad de perfeccionar un sistema que tiene también grietas de subjetividad. Atender no es solo responder; también hay que hacerlo bien porque hasta los actos de buena voluntad requieren determinada ocupación y gestión.
Si alguna enseñanza deja el hecho de que año tras año salgan a flote las mismas lagunas en la atención a la población es que viene a reforzar el criterio de la vecina del Camino de La Habana cuando afirma que ante un problema, por sencillo que sea, “ningún cubano acepta cambios de bola, ni edulcoraciones en el lenguaje”.
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