La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, denunció que los interesados en su enjuiciamiento político buscan un atajo ilícito para destituirla y llegar a la jefatura del Estado
Al intervenir en la Conferencia Nacional de Asistencia Social, Rousseff reiteró que no existen motivos para procesarla en el Congreso por responsabilidad fiscal y solo hay un sector ansioso de tomar el poder y no a través del voto popular.
«Voy a luchar con todas mis fuerzas para que la gente tenga un Brasil que respete las instituciones y logre estabilidad, voy a luchar contra el proceso de interrupción de mi mandato», subrayó.
La mandataria destacó que las interrupciones antidemocráticas no sirven para pacificar el país y recordó que está demostrado que los golpes no traen armonía, ni unidad y ni la pacificación necesaria para que los pueblos avancen.
Tras negar que pidiera préstamos a los bancos para pagar programas sociales, señaló que una de las acusaciones en su contra son por contribuir al mantenimiento de las propuestas Bolsa Familia y Mi casa, Mi vida.
«Pagué sí, pero lo hice con el dinero del pueblo brasileño. No hubo préstamos, fue el dinero legítimo recaudado de los impuestos» y utilizado para el bienestar de la población de este país, aseveró.
Rousseff insistió en la necesidad de lograr la unidad de todos para, dentro de la legitimidad, defender la democracia.
Su intervención fue interrumpida en varias ocasiones por los gritos de No al golpe y fuera Eduardo Cunha, el líder de la Cámara de Diputados, quien el miércoles pasado aceptó un pedido de juicio político contra la jefa de Estado por presunta responsabilidad fiscal.
Acusado de tener cuentas bancarias no declaradas en Suiza, Cunha es investigado también por la Fiscalía por corrupción pasiva y lavado de dinero debido a su implicación en sucios negocios con Petrobras.
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