Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El gobierno colombiano y las FARC-EP anunciaron un acuerdo especial que permitiría blindar jurídicamente el Acuerdo Final de paz, una vez sea signado
En conferencia de prensa en el Palacio de las Convenciones de La Habana, las delegaciones de ambas partes que buscan desde 2012 sellar el conflicto que las enfrentó por más de medio siglo compartieron el texto íntegro de dicho instrumento en un comunicado conjunto, el cual fue leído por los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega.
Según explican en el documento, se trata de un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de su cumplimiento.
Para cumplir con esos objetivos, el nuevo convenio está basado en una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios que hacen posible el tránsito del proceso de paz por una ruta «expedita y segura», agregan.
Entre esos mecanismos están el derecho constitucional de los colombianos a la paz y lo recogido en el artículo tres de los Convenios de Ginebra de 1949, referentes al derecho internacional humanitario, que dicta las pautas a seguir por las partes en los conflictos armados.
El aprovechamiento de los mismos permitió adoptar el mencionado acuerdo especial, que de contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso colombiano, proveería garantías constitucionales a todo lo que se acuerde en La Habana y aseguraría la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Las votaciones del instrumento anunciado en el legislativo de la nación sudamericana, que debe ser presentado a esa instancia por el presidente Juan Manuel Santos antes del 18 de mayo, serán únicamente de aprobación o desaprobación de todo el texto, en los dos casos por mayoría calificada.
De ser aprobado, Santos lo sancionará y lo presentará una vez se firme el Acuerdo Final, para garantizar que los términos que se adopten al finalizar un conflicto que ha dejado cerca de 300 mil muertos, sean respetados en el tiempo y se logre su no repetición.
El acuerdo especial constituye en opinión tanto del Gobierno como de la fuerza insurgente un impulso a las conversaciones de paz, y allana en cierta medida el camino hacia el cese bilateral y definitivo del fuego, y la dejación de las armas por los guerrilleros, puntos polémicos que aún se discuten en La Habana.
Asimismo, les resta consensuar el mecanismo idóneo para la refrendación de todo lo acordado, hecho que pasará en última instancia por la decisión de los colombianos, según ratificó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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