Arroz no pagado

Vladimir González Mir, residente en el batey Palma, en la Carretera de El Jíbaro, en el municipio de La Sierpe, aprovecha el espacio de esta sección para quejarse del no pago por parte de la Empresa Agropecuaria Militar Sancti Spíritus de los 3 381 quintales de arroz limpio que entregó a esa entidad en mayo del pasado año.

Según escribe el remitente, entre él y su hermano sembraron, atendieron y cosecharon el alimento, que luego acarrearon con sus medios hasta los secaderos de Los Españoles y Tamarindo. “Terminé el 27 de mayo del 2015, me he dirigido a muchos lugares sin obtener respuestas convincentes… No le he robado nada al Estado, solo le di seguimiento a un contrato de producción de arroz cooperado al 70 por ciento que cultivé en las tierras que tengo en usufructo. Debieron pagarme máximo a los 30 días después de la entrega y no lo han hecho, se niegan por indisciplinas de otras personas”, explica Vladimir, quien agregó vía telefónica, al ser contactado por Escambray, que se trata de una suma nada despreciable de dinero, una parte del cual deberá entregar por concepto de gastos.

Interrogado al respecto, Orlando Conde Crespo, director general de la Agropecuaria Militar Sancti Spíritus, aseguró que aunque tuvo lugar un proceso legal ante la Fiscalía Militar por irregularidades concernientes a la producción y entrega de arroz, por parte de un grupo de productores y de la entidad misma, donde el demandante era la Unión Agropecuaria Militar (UAM), con sede en La Habana, Vladimir no se halla entre las personas que presentaron su inconformidad. “Se les ha dado respuesta a todos los que procedieron de esa forma, pero él no figura en la relación de quienes lo hicieron”, dijo.

El coronel Cirilo Mantilla García, asesor jurídico de la UAM, también abordado por Escambray, explicó que González Mir presentó una reclamación directamente ante el Director General de la Unión, quien lo entrevistó como parte del proceso y emitió, al término del mismo, la Orden 86/15. “El asunto fue enviado al jefe de la Auditoría Central, con sede en Santa Clara, donde radica la Empresa Agropecuaria Militar que atiende las provincias de Villa Clara y Cienfuegos”, declaró la fuente.

Mantilla García aseguró además: “Está pendiente el poner el resultado final de la investigación en conocimiento del interesado, quien de no estar conforme con lo dictaminado puede apelar ante quien entienda necesario, haciendo uso de su derecho y amparado por el Artículo 63 de la Constitución de la República”.